IU de León critica el «pacto» entre Junta, Gobierno central y PSOE para hacer «desaparecer» a las juntas vecinales

El coordinador provincial de IU, Santiago Ordóñez, denunció hoy que el proyecto de ordenación del territorio de la Junta «pactado» con el PSOE incorpora «el ataque» a las juntas vecinales del Gobierno central. Así, lamenta que el proyecto de ley recoja en su artículo 61 que «la obligación de cohesión territorial y solidaridad desaparecerá en supuesto de supresión de una entidad local menor», en lugar de defender sus competencias exclusivas en materia de regulación de las juntas vecinales o poner sobre la mesa el deber de defensa de las mismas recogido en el Estatuto de Autonomía.

Ese mismo artículo indica que la supresión de las entidades menores se realizará «en la forma y con los requisitos previstos en la legislación básica de régimen local» y «sin perjuicio de que se especifique el destino de sus bienes y la atribución de su titularidad y aprovechamientos al respectivo municipio en el Acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se suprima».

A este respecto, Ordoñez recordó que en la actualidad las causas de desaparición de una junta vecinal vienen recogidas en la Ley de Régimen Local de Castilla y León y puntualizó que la aprobación de este artículo, tal y como está redactado, «simplemente estará permitiendo que el Estado central imponga su criterio en competencias exclusivas de la Comunidad autónoma».

En esta línea, el coordinador provincial aseguró que se «vislumbra» un acuerdo «cerrado» entre el PP de Castilla y León y el Gobierno central, junto con el PSOE, «para permitir que las juntas vecinales empiecen a desaparecer una a una en medio del campo de minas diseñado por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local». Y es que, en su opinión, dicha ley «roba» su personalidad jurídica reduciendo su categoría de entidades locales menores a «entidades de ámbito territorial inferior al municipio».

«Tan solo las entidades locales menores conservarían sus competencias actuales pero con unos condicionantes muy duros para no ser disueltas», explicó Ordoñez, como presentar sus cuentas en los primeros tres meses tras la aprobación de la ley y pasar una evaluación de las competencias que ejercen bajo la premisa de unos estándares de calidad que se fijarán por decreto.

«Una vez pasen esta evaluación aquellos servicios que ofrezcan tendrán el examen de la imposición de unos precios y costes fijados también por el Ministerio de Hacienda. Si no se cumpliesen los requisitos de déficit cero en uno de estos servicios, el agua pública por ejemplo, también se disolvería la junta vecinal», aclaró.

Por tanto, insistió Ordóñez, es «un mecanismo diseñado para intervenir municipios de menos de 5.000 habitantes y fusionarlos, para privatizarlos en el resto de los casos, o traspasarlos a las Diputaciones, que se aplicaría a las juntas vecinales bajo la amenaza de disolución». «Una herramienta para terminar con los concejos que la Junta asume en su acuerdo con el PSOE para imponernos un modelo de Ordenación del Territorio que simplemente no hay por donde coger», concluyó.