El fiscal pide investigar a los miembros del consejo y de la comisión de la Caja

La Fiscalía Provincial de León pide que se investigue a los miembros del Consejo de Administración de Caja España y la Comisión Ejecutiva de Caja Duero hasta su fusión y a los directivos de Banco Ceiss a partir de su unión por entender que hay hechos que podrían ser constitutivos de un delito de administración desleal.

Según explicó ayer el coordinador autonómico de IU, José María González, que formuló la denuncia en noviembre del 2011, las personas investigadas aprobaron operaciones de créditos, previsiblemente, a integrantes de estos consejos, «que eran de escasa solvencia o en condiciones mucho más ventajosas que otros ciudadanos».

Esta notificación abre un nuevo proceso por el que la Fiscalía solicita al juez decano de León a nombrar a un juez instructor que incoe diligencias previas y «practique las pertinentes para el esclarecimiento de los hechos denunciados». En todo caso, únicamente se refiere a los directivos de Caja España-Duero y deja fuera, de momento, los hechos vinculados a los componentes del Consejo de Administración de Caja Segovia, también citados en la denuncia y sobre los que la Fiscalía de esta provincia aún no se ha pronunciado, según la Agencia Ical.

«Primer paso»

A juicio de González, este hecho no significa que «no se esté investigando, ya que tampoco se ha informado sobre su archivo». «Esperamos que este sea el primer paso y que otras fiscalías provinciales sigan investigando. De momento, entendemos que en Segovia no está cerrado porque no nos han notificado su archivo», reiteró a preguntas de los periodistas. IU había denunciado, en este caso concreto, las jubilaciones y prejubilaciones principalmente concedidas al ex director general de la entidad Manuel Escribano, que en aquel momento percibió seis millones de euros.

El coordinador autonómico de IU agradeció el trabajo del Fiscal Superior de Justicia del TSJ de Castilla y León, que se dirigió «rápidamente» a la Fiscalía General del Estado para conocer si se nombraba un fiscal en cada provincia, al ser una denuncia vinculada a varias de ellas en la Comunidad, o se trasladaba a Anticorrupción. Desde Madrid optaron por la primera.

Sin embargo, hace un año IU recibió una notificación por el que el nuevo Fiscal General del Estado decidía estudiarlo también de forma conjunta, sin que ello anulara la investigación en cada provincia, si bien «no ha vuelto a recibir información al respecto». Igualmente y como en el caso de Caja Segovia, ello «no significa que se haya archivado el caso».

González precisó que la denuncia planteaba a la Fiscalía abrir una investigación sobre cómo los diferentes órganos de dirección de «las extintas cajas de ahorro de Castilla y León han cumplido con su papel y cómo han cumplido dentro de la legalidad teniendo en cuenta». «Hay diferentes consejeros que han recibido importantes préstamos en un momento de crisis económica en que muchos pequeños y medianos empresarios han visto que se les cerraba el grifo de crédito», rezaba el documento de los servicios jurídicos de IU.

En este sentido, argumentó que se concedieron créditos a componentes de consejos «que eran de escasa solvencia o en condiciones mucho más ventajosas que otros ciudadanos». Así, aportó el nombre, entre otros, del consejero Francisco Rubio en Caja Duero, en base a los diferentes préstamos que había recibido.

Otro de los nombres que IU citó en la denuncia es el del ex presidente de Caja España, Santos Llamas, muy criticado ya en su elección por esta formación, dado que a su juicio PP y PSOE «proponía como presidente a la zorra que iba a cuidar a las gallinas. Al final cuidaba a sus gallinas, gallineros y granjas equinas, pero se despreocupaba del interés de pymes, familias y ciudadanos que trabajaban con Caja España. Incluso, muchos sufridores fueron esquilmados con las preferentes vendidas con engaño y alevosía», sostuvo González, quien estimó que Llamas «se autoconcedió alrededor de 100 millones».

Por último, abordó el caso del ex director general de Caja España-Duero, José Ignacio Lagartos, «también con la cartera abultada».

González recordó que el delito que se podría imputar es la administración desleal de los directivos de las cajas y, de haberlo, la condena podría suponer, según el artículo 295 del Código Penal, a entre seis meses y cuatro años de prisión o multa de tanto al triplo del beneficio obtenido.