Partidos y consejeros piden respeto a la investigación judicial sobre Ceiss

Confianza en la actuación de los tribunales, declaraciones de tranquilidad por las operaciones realizadas y también destacados silencios. Han sido las principales reacciones desde distintos frentes a la decisión de la Fiscalía de León de abrir la investigación por presunto delito de administración desleal contra los miembros de los consejos de administración de Caja España y de la Comisión Ejecutiva de Caja Duero hasta su fusión, y a los directivos de Banco Ceiss a partir de este momento. La apertura de diligencias previas en los juzgados leoneses para investigar créditos concedidos en condiciones ventajosas y prejubilaciones e indemnizaciones cuestionadas pone en tela de juicio una vez más la actuación de quienes ocuparon cargos en los consejos de las entidades financieras.

Uno de los principales implicados, el empresario Francisco Rubio, que fue viceconsejero de Caja Duero y es uno de los que apunta con más dureza la denuncia de IU, negó ayer «tajantemente» haber conseguido créditos para sus negocios inmobiliarios en mejores condiciones que otros clientes.

Silencio de Herrera

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, no quiso ayer contestar a las preguntas de los periodistas sobre el tema; pero sí lo hizo el secretario regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, quien señaló que espera que se «aclare todo convenientemente»; y que no conoce en «profundidad» los hechos que se investigan en León. Concluyó que «quienes tienen que dar explicaciones son las personas implicadas».

Por su parte el alcalde de Soria y consejero de Caja España-Duero, Carlos Martínez, animó a aclarar la «buena o mala» gestión que se haya producido en los órganos de dirección de la entidad financiera y se mostró favorable a poner «luz y taquígrafos» en cualquier gestión de empresas públicas o de las cajas de ahorro. «Todos los acuerdos que se han tomado en el Consejo de Administración han contado con el visto bueno de la dirección ejecutiva de la Caja y con la supervisión de la Junta de Castilla y León y el Banco de España», indicó.

En cuanto al secretario autonómico de CC.OO., Ángel Hernández, recordó que el sindicato no apoyó la elección de Santos Llamas como presidente y no tenía representación en los consejos, a los que criticó por falta de transparencia.

El secretario autonómico del PSOE, Julio Villarrubia, se mostró partidario de la investigación y de que se depuren responsabilidades. En León el secretario provincial, Celestino Rodríguez, se desmarcó de su antecesor, Francisco Fernández (que aparece también en la denuncia por su polémica y millonaria prejubilación», asegurando que la actual es «una ejecutiva renovada» que no tiene cargos en consejos; y advirtió que sería lamentable que fueran los pequeños ahorradores los que pagaran las consecuencias de una mala gestión.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de León se mostró más preocupado por los afectados por las preferentes que por los consejeros; y el portavoz del equipo de gobierno, José María López Benito, abogó por dejar actuar a los jueces y rechazó valorar las prejubilaciones porque ya se han posicionado en ocasiones anteriores sobre este asunto.

Actuación judicial

La decisión del fiscal jefe provincial de León, Emilio Fernández, responde a la denuncia presentada en noviembre del 2011 por el coordinador general de IU en Castilla y León, José María González, que considera que existe «una base razonable e indicios suficientes como para investigar, entre otros, la comisión de un delito societario por parte de aquellos que prevaliéndose de su condición mayoritaria en los órganos de administración han logrado que las entidades públicas de ahorro hayan adoptado acuerdos con ánimo de lucro propio o en perjuicio para terceros».

La demanda, dirigida al fiscal superior de Castilla y León (que la remitió al de León) señala que desde el 2008 los consejeros de las diferentes cajas de la Comunidad «han intervenido de forma decisiva en los consejos de administración a fin de obtener bien créditos de escasa solvencia o en condiciones mucho más ventajosas o que a otros ciudadanos o empresarios les serían denegadas, o bien en condiciones de prejubilación que han perjudicado a terceros o en los que las entidades públicas de ahorro han dejado de observar su propia nomativa y convenios colectivos».