Desahucio con sotana
Un cura ordena ejecutar el lanzamiento de un piso de su propiedad, en el que viven dos mujeres y dos menores, al año de su ‘rescate’ con 2.800 euros de una ayuda de emergencia del Ayuntamiento de León. «Con la Iglesia hemos topado», repite Elena Arce. Un año después de lograr que el Ayuntamiento de León asumiera una deuda de 2.800 euros con el arrendatario del piso en el que vive con su hermana, su hija y su sobrino, el propietario, un cura nonagenario, ordena que se ejecute el lanzamiento mañana miércoles «sin más demora». No está dispuesta a dar marcha atrás porque «es una persona conflictiva», alega. «No tenemos a dónde ir ni sabemos qué hacer», alega la mujer, en espera de asistencia jurídica.
Elena y María Cruz Arce Jaular con los recibos que la propiedad dice que son falsos.
Era un caso urgente. En los servicios sociales municipales se encontraron con una situación que suponía un «peligro grave para la subsistencia» y el Ayuntamiento de León echó mano de una medida «excepcional», para resolverlo en un plazo máximo de 48 horas.
El 6 de julio de 2012, la Junta de Gobierno Local acordó destinar 2.800 euros para sufragar los meses de alquiler que adeudaba Maria Cruz Arce Jaular, arrendataria del piso 1º I de la calle Regimiento del Sol, 24, en el barrio de El Ejido.
El 9 de julio los servicios sociales municipales hicieron efectivo el ingreso del dinero, procedente de la partida de ayudas de emergencia, en una cuenta bancaria a nombre de Eusebia García Díez, copropietaria de la vivienda junto con Fidel García Díez, un sacerdote, que es quien firmó el contrato de arrendamiento en 2010.
Saldada la deuda, las mujeres se quedaron tranquilas porque «Mari Cruz estaba pendiente de una pensión que le concedieron al poco tiempo», explica su hermana Elena. Este detalle jugó muy a su favor a la hora de aprobar el expediente, pues las ayudas de emergencia se dan cuando existen unas mínimas garantías de que el dinero va a servir para salvar la situación y no es un mero parche.
Contrato sin enervar
Pero ignoraban un paso importante que no dieron. «No enervaron la acción adecuadamente», alega la abogada de la propiedad. Y como consecuencia «no recuperaron la vigencia del contrato», explica la letrada Manuela Cabezas. El juicio de desahucio se dio por terminado en julio y el 26 de octubre de 2012 el demandante solicitó la suspensión del lanzamiento, previsto para el 6 de noviembre «hasta nuevo aviso».
Con esta argucia judicial, la ejecución del desahucio, el lanzamiento de los ocupantes de la vivienda, podía retomarse en cualquier momento. Y así fue. A primeros de junio, el cura inició, por vía de su letrada, la demanda de ejecución forzosa alegando que «la arrendataria continúa sin pagar la renta».
Ahora la deuda es de 1.400 euros, a mayores de facturas de Gas Natural por importe de 611,01 euros abonadas por el propietario en noviembre de 2012. María Cruz y Elena Arce niegan la deuda del alquiler mientras muestran unos recibos con diferentes firmas en las que se lee el nombre de Fidel García.
«Hemos pagado»
«Hemos pagado el alquiler a su sobrino, de la misma manera que lo hicimos siempre», alegan las mujeres. La abogada contesta que «esos recibos son falsos y si hubieran pagado al sobrino, cosa que tampoco es cierta, él no está autorizado para cobrar». Son recibos idénticos a las que los de otros meses cuyo pago no se reclama.
Las hermanas han solicitado un letrado de oficio para defenderse e interpusieron el recurso de revisión el 13 de junio, pero no han recibido respuesta y la fecha del lanzamiento se mantiene para el 3 de julio. «No tenemos a dónde ir y no sabemos qué hacer», alegan María Cruz y Elena, desesperadas.
Pero la propiedad no está dispuesta a dar marcha atrás. Aparte de las deudas, otro de los motivos que alega en la reactivación del lanzamiento es que la arrendataria «es una persona conflictiva». Ellas muestran destrozos en el piso que achacan al sobrino del cura. «En una ocasión tuvo que venir la policía a sacarlo de la casa», cuentan mostrando una puerta desecha.
«Se trata de la tranquilidad y la salud de mis clientes o esta señora. Son personas mayores y no pueden estar sometidos a esta presión», indica la letrada. En su opinión, el caso «es un abuso» por lo que «procuraré que (el lanzamiento) no se demore», añadió. No reclama la deuda. Sólo quiere ejecutar el lanzamiento.
Se da la circunstancia de que el sobrino del cura, Javier Rodríguez García, reconoció la paternidad de la hija de dos años de Elena Arce en el mes de noviembre y ahora ella le reclama una pensión alimenticia para la manutención de la menor. «No tengo trabajo ni ingresos porque ya no cobro el IMI», se justifica.
Elena Arce ha revuelto Roma con Santiago en las últimas semanas en busca de ayuda. Con su carpeta de documentos y los recibos llegó a la asociación Stop Desahucios de León, donde le asesoraron sobre los pasos a dar. «Me temo que todo lo que he hecho no servirá para nada. Con la Iglesia hemos topado», lamenta.
El Ayuntamiento de León señala que la ayuda de emergencia se otorgó observando todos los requisitos legales y con los informes preceptivos de los servicios sociales.