El ICO de subvenciones y sentencias será como máximo de 6 millones

El alcalde aclaró que existe una parte del real decreto-ley que resulta de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento. La parte en la que se establece que el consistorio deberá concertar mediante un ICO el pago de la deuda con acreedores por subvenciones de organizaciones no gubernamentales o sentencias firmes por expropiaciones de terrenos. «Si los proveedores exigen cobrarla hay que cumplir», aclaró Gutiérrez. Una bolsa de deuda en la que, según las estimaciones de la Concejalía de Hacienda, pueden llegar como mucho a 6 millones de euros. El tope en el que estarían incluidos en su mayor parte acuerdos extrajudiciales que en el texto legal no caben, pero que se consultará con el ministerio que dirige Cristóbal Montoro para intentar financiarlos.

Esta lista de proveedores que pueden entrar en el nuevo ICO debe ser realizada «por el interventor, no por el político», como reseñó el alcalde, quien abundó en que «si no estuviera completa es el acreedor quien se puede dirigir al Ayuntamiento para reclamarla». «No vale elegir», recalcó Gutiérrez para diferenciarlo de la segunda parte del real decreto-ley que es la que estudia ahora el consistorio si solicitará.