Gutiérrez duda si acogerse al rescate por las medidas «leoninas» del Gobierno

Después de un primer análisis «negro sobre blanco» del real decreto-ley de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de ayuda a las entidades locales con problemas financieros, el alcalde de León, Emilio Gutiérrez, avanzó ayer que el Ayuntamiento «está estudiando si acogerse» al rescate. Una duda que surge debido a que «las condiciones que se deben cumplir son realmente difíciles, medidas casi, casi leoninas», según criticó el regidor de la capital leonesa, quien citó como ejemplo la obligación impuesta por el Gobierno para que «los precios públicos y tasas cubran el 100% del coste de los servicios en 3 años: el 50% el primero, el 75% el segundo y el 100% el último». Una imposición que llevaría a subir de manera muy significativa la factura a los ciudadanos o a cerrar servicios como el transporte público, las escuelas infantiles, las escuelas deportivas, la escuela de música, el coto escolar, la residencia de ancianos o el Auditorio. «En cualquier ayuntamiento de España esto no se exige, esto no sucede», recalcó

Gutiérrez recordó que sigue «reclamando ayuda para los ayuntamientos en una situación muy complicada». «Miro hacia adelante. Quiero construir un futuro esperanzador y lo vamos a hacer, pero el camino que se nos obliga a recorrer es difícil, complicado y con más espinas de las que esperábamos e, incluso, creo que podemos seguir», atacó el alcalde, quien aseguró que se está «mojando» y que ya ha trasladado sus quejas «a los responsables políticos» del PP, entre los que citó al «secretario autonómico y a la presidenta provincial».

Pese a estas críticas, el regidor no cerró la puerta a la petición del rescate, sino que insistió en que «se están estudiando las condiciones porque luego hay que aplicarlas». «Reunimos los requisitos para poder acogernos, pero hay que ver las medida. Tomaremos la decisión antes de que se cierre el periodo, que es hasta el 27 de septiembre. Hasta entonces habrá que hacer la revisión del plan de ajuste y llevarlo al Pleno para trasladarlo al Ministerio de Hacienda», citó Gutiérrez, quien insistió en que «son unas medidas mucho más duras de las que el alcalde esperaba». «Tenemos que decidir si recorremos ese camino», apuntó.

Este periodo de estudio se aprovechará para cruzar consultas con el Ministerio de Hacienda. Conversaciones en las que los responsables del consistorio esperan aclarar cuáles son los beneficios concretos, dado que en el texto no aparece de manera expresa las condiciones para la refinanciación de la deuda que se prometieron al Ayuntamiento: posibilidad de ampliar a 20 años la devolución de los 165,8 millones del ICO, bajar el tipo de interés al nivel que se financia el Tesoro Público —lo que supone un 1,1% menos del 5,4% actual— y alargar la carencia hasta el 2016; además de contar con la posibilidad de financiar los 14,7 millones del Palacio de Congresos y los alrededor de 60 millones de deudas sin consignación presupuestaria.