Unicaja tiene confirmado el sí del 95% de los accionistas mayoritarios de Ceiss
Las negociaciones con los preferentistas se encuentran en una fase muy avanzada.
Unicaja calcula que tiene ya la aceptación del 95% de los accionistas mayoritarios de Ceiss para el proceso de fusión de las dos entidades, según pudo conocer ayer este periódico. El proceso de integración de la antigua Caja España-Duero con la matriz andaluza requiere también de un acuerdo mayoritario con los preferentistas que, fuentes próximas a la entidad bancaria, consideran que está avanzando en la dirección adecuada y se encuentra en un punto «avanzado».
En cualquier caso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores hará público el próximo lunes un hecho relevante que resultará especialmente clarificador para la situación y que permitirá prorrogar por espacio de un mes el periodo de canje de las acciones, que ahora mismo se fija como fecha límite en el día 20 de diciembre.
La oferta de Unicaja Banco está vinculada a la participación en el proceso del 75% de los bonistas que en su día adquirieron participaciones preferentes y deuda subordinada. Una aceptación que supone además firmar la renuncia a cualquier medida judicial contra las entidades financieras. Exigiría dar por bueno el arbitraje de Unicaja y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
Consejos
El presidente del FROB, Fernando Restoy, insistió la semana pasada en que si los accionistas de Ceiss «no aceptan» la oferta de canje que ha hecho Unicaja la entidad será nacionalizada. «Y eso significará que hay un riesgo apreciable de que el valor de la entidad se reduzca con el paso del tiempo, y eso evidente es malo para el FROB y para los inversores que se mantengan como accionistas de la entidad».
Recuperación
El mecanismo de revisión de la comercialización de las participaciones preferentes y deuda subordinada de Banco Ceiss, que permitirá recuperar a los ahorradores minoristas (no así a los inversores institucionales) alrededor del 90% de la inversión inicial realizada será gratuito.
Su resolución se anuncia en dos meses desde que los expertos analicen cada caso; se estudiará por expertos de forma individualizada y establece los parámetros que determinarán la cantidad exacta a entregar a cada ahorrador, que será desembolsada por el organismo público, de acuerdo a los datos conocidos.