Sólo 3.000 pymes leonesas se acogerán al IVA de caja el 1 de enero

Poco más de 3.000 pymes y autónomos leoneses, si se cumplen los cálculos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), se acogerán a partir del próximo año al nuevo sistema de IVA de caja que recoge la Ley de Emprendedores, y que pretende dar respuesta a una de las reivindicaciones históricas del sector: que las empresas paguen el impuesto cuando cobran sus productos y servicios, y no cuando emiten las facturas, adelantando un dinero que tardan de media alrededor de 150 días en cobrar.

La asociación considera que apenas un 10% de quienes pueden acogerse a este sistema lo harán hasta el próximo 31 de diciembre, cuando acaba el plazo de inscripción para aplicarlo a partir del 1 de enero. Las presiones de las grandes empresas en contra del mecanismo (ellas no podrían desgravarse el impuesto hasta que no paguen, en contra de lo que hacen ahora) y las advertencias de varias organizaciones de asesores fiscales están retrayendo a quienes podrían beneficiarse de la medida. Desde ATA se critica también que el Ministerio de Hacienda no ha hecho una campaña de información adecuada que permita a los posibles beneficiarios tomar la decisión.

El 98%

El modelo de IVA por caja, en lugar del único existente hasta ahora, puede ser utilizado por más del 98% de las empresas de la provincia, cuyo tejido empresarial es prácticamente en su totalidad de micropymes. Pueden acogerse aquellas empresas que facturen menos de dos millones de euros al año. En León hay, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), 31.620 empresas censadas. De ellas, según los estudios del sector, sólo 532 facturaban en 2012 más de dos millones de euros, menos del 2% del total (otras 214 facturan entre uno y dos millones de euros, estas sí estarían incluidas en la medida). En total, algo más de 31.000 sociedades podrían acogerse a pagar el IVA al recibir el dinero por sus servicios, y no cuando emiten la factura.

Sin embargo, según la asociación de autónomos, nueve de cada diez de ellos no se inscribirá en esta semana que queda para finalizar el ejercicio en el nuevo sistema. La asociación ha pedido al Gobierno que amplíe el plazo de inscripción al menos hasta el 31 de marzo, y que informe mejor a los afectados.

La presión de las grandes empresas está siendo determinante, según se ha denunciado en las últimas semanas, tras la aprobación de la medida en otoño. Porque Hacienda no pierde nada con la puesta en vigor de la medida: el dinero que no ingresen las pymes hasta que no cobren no podrán desgravarlo sus clientes hasta que paguen. Y esta deducción «anticipada» es una de las medidas de financiación que más están utilizando las grandes empresas y las administraciones, que «gestionan» esa diferencia de dinero durante varios meses.

En la práctica la medida se ha traducido en que las grandes compañías han advertido a sus proveedores que si se acogen a la medida y les trasladan el coste de la morosidad buscarán a otras pymes que sigan asumiendo este coste. Lo que se traduce en que, con la fórmula actual o con la propuesta, serán pymes y autónomos los que sigan financiando parte del negocio de las grandes empresas y administraciones.

Asesores fiscales

Diversas asociaciones de asesores y especialistas fiscales se han vuelto también contra la medida reclamada por los pequeños emprendedores y finalmente aprobada por el Gobierno. Denuncian que es un sistema complejo y «perverso», y que además supone cambios en el método de trabajo tradicional y más papeleo, que en este momento las asesorías no pueden trasladar a sus ya asfixiados clientes. Así que están recomendando en su mayoría a los posibles beneficiarios que se queden como están. Aunque eso suponga que el problema de liquidez que se ha llevado por delante a muchas de ellas y dificulta el funcionamiento de todas no pueda aliviarse pese a la concesión del Gobierno.

Los asesores empresariales y fiscales advierten de que en el fondo serán los empresarios los que sigan soportando el coste de la morosidad, pero con más «molestias y riesgos». Recuerdan que efectivamente en 2014, primer año de aplicación de la medida, las pymes no tendrán que hacer frente al pago del IVA de las facturas que no hayan cobrado, pero que en 2016 tendrán que abonar todo lo que no hayan ingresado a Hacienda en 2014, hayan conseguido cobrarlo o no. Porque la medida no exime del pago, sino que establece un límite para hacer frente a una obligación fiscal que no desaparece. En la práctica, destacan los asesores, lo que se hace es aplazar dos años el pago del impuesto. Y eso puede causar «sorpresas» a las pymes para entonces.

A mayores, reconocen que la medida implica modificar los sistemas de contabilidad. Los pequeños empresarios que liquiden sus impuestos deberán afrontar el cambio a nuevos sistemas de registros y contabilidad; y las asesorías tendrían que asumir una mayor carga de trabajo a la que tampoco parecen estar muy dispuestos.

La oposición de los asesores parece ser, así pues, otro de los factores que provocará que la medida no tenga los resultados deseados.