Gutiérrez espera un informe tras meses de pagar a 10 personas por estar en casa
Los primeros afectados acumulan desde julio sin que el Ayuntamiento resuelva.
Hace más de tres meses que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decretó la nulidad del despido y su inmediata reincorporación, pero el Ayuntamiento todavía espera «un informe jurídico», como admitió el alcalde, Emilio Gutiérrez, para decidir qué hacer con los 10 trabajadores a los que tiene en casa sin asignarles tarea y con derecho al cobro de la nómina y los correspondientes seguros sociales, con una media de 2.000 euros de coste para el consistorio por cada uno de los afectados. Una indefinición que se sucede mientras se acumulan más sentencias y el equipo de gobierno del PP recurre en casación al Tribunal Supremo, lo que podría demorar las resoluciones al menos un año, aunque no evita la obligación de cumplir con la ejecución provisional del fallo, ni anula la percepción de los salarios a pesar de que no se les asigne tarea.
Gutiérrez se excusó en que «algunas de las plazas que la sentencia indica que han de reincorporarse no existen, como son las del albergue municipal». «Es de muy difícil cumplimiento», concedió el regidor, quien no mencionó que también existen otros casos de guarderías y servicios sociales que sí se mantienen, pero a los que no se ha devuelto a su puesto, ni que ya en verano tardaron 3 meses en reincorporar a tres monitoras de bibliotecas a las que luego tuvieron que pagar los salarios. «Cuando tengamos el informe jurídico veremos qué nos dice», insistió el regidor, después de que el tribunal les haya requerido ya en varias ocasiones que tiene que llevar a efecto la sentencia con el abono de las nóminas mensuales, asociada a la reincorporación o con la posibilidad de tenerles en casa como ahora.
Una situación que se sucede después de que el TSJ declare nulos los despidos del ERE. Unas extinciones que en los juzgados de lo social de León fueron validadas en 48 de los 51 primeros casos, como se jactó la concejala de Personal y Régimen Interior, Nuria Lesmes, justo antes de que el tribunal autonómico revocara el criterio. Los fallos que ha recurrido aliada con CC OO, USO y Csif, integrantes de un pacto para lograr que no se reincorpore a los trabajadores, y ante el que sólo se rebelaron UGT y Asial.
La resaca de un proceso de regulación de empleo acometido en mayo del 2012 que terminó con más de un centenar de trabajadores en la calle y 83 amortizaciones de plazas en excedencia. Una medida para la cual fue necesaria la contratación del bufete externo Baker & McKenzie, con una factura asociada de 150.740 euros, más otros 740.000 euros en indemnizaciones.