León sacará a concesión el párking de la plaza Mayor que le costó 2,3 millones

La rémora del aparcamiento subterráneo de la plaza Mayor de León empezará a subsanarse a partir de la próxima primavera. La fecha en la que el Ayuntamiento tiene previsto tener adjudicada a una empresa concesionaria la explotación de la infraestructura. Una instalación por la que el consistorio pagó 2,3 millones de euros en marzo del 2012, 10 años después de su apertura, de acuerdo a un convenio suscrito en el 2003, durante el mandato de Amilivia y con Cecilio Vallejo como edil de Urbanismo, que le permitía a la constructora Martínez Núñez reclamar el precio de las plazas de estacionamiento que no había vendido: 185 de un total de 255.

Un pago que se hizo con cargo al plan ICO y en el que se especificaba que la administración municipal recibiría «la plena propiedad y posesión del inmueble sin más cargas que las concesiones» a los residentes hasta completar «los 75 años de duración máxima de la concesión». La transmisión que se demora ya más de 21 meses sin que los administradores actuales hayan aportado todavía la documentación requerida para evaluar el estado de la explotación de la plaza Mayor. Un negocio que, según han trasladado los gestores actuales a los representantes del consistorio, apenas sirve por ahora para salvar las nóminas de los trabajadores y el gasto corriente de las instalaciones y la maquinaria.

A la espera de que los administradores aporten ya los últimos datos solicitados, los responsables del Ayuntamiento han encargado ya a los servicios municipales que inicien la elaboración de los pliegos de concesión del aparcamiento subterráneo. El guión, que se espera que esté entregado a mediados de enero, que fijará un canon mínimo a percibir por el consistorio a cambio de ceder el derecho de explotación de las 185 plazas de rotación durante un tiempo determinado, al margen del mantenimiento de los 70 estacionamientos de uso privado concedidos durante la etapa de Martínez Núñez. Una cifra que todavía no está cerrada, sino que depende de las cifras de rentabilidad actual del negocio y que se pretende que no sea muy elevada para fomentar la llegada de ofertas, siempre por encima del listón de ingresos establecido. La fórmula para que la administración municipal se garantice unos beneficios fijos anuales, al tiempo que se continúa con la prestación de un servicio que no ha dado los rendimientos que se expusieron para defender su construcción.

La solución acabará con un largo proceso administrativo en el que el equipo de gobierno optó por la vía negociadora, después de que Martínez Núñez reactivara el proceso judicial que había abierto en el 2010. Una salida gracias a la financiación del ICO para la deuda en la que los gestores del PP obviaron los informes jurídicos municipales, en los que se exponía que tan sólo cabía pagar por las plazas no vendidas del sótano uno, donde hay sin conceder 56, pero no las 129 del sótano 2. Una observación desatendida ante el riesgo de que la constructora pudiera conseguir en el juzgado que no sólo se le pagara por todas las plazas sino que lograse quedarse con la concesión.