El consistorio despide dos veces

Un despido sobre otro despido con una readmisión por medio. El cambalache aprobado ayer por el Ayuntamiento de León, después de que la junta de gobierno asumiera la propuesta de la concejala de Personal y Régimen Interior, Nuria Lesmes, para solucionar «el problema» surgido con los trabajadores que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) le ha obligado a readmitir pero a los que no ha dado puesto, lo que hace que reciban el sueldo por estar en casa, a razón de 2.000 euros de media por cada uno entre nómina y seguros sociales. Una situación que en algunos casos se prolonga desde julio, cuando se dictó el fallo, y que ahora se quiere atajar al acogerse a la doctrina abierta por una sentencia del Supremo de 22 de julio del 2013, sobre un caso del Servicio Madrileño de Salud, que considera que, «en los supuestos de indefinidos no fijos en la administración pública, cuando se amortiza la plaza procede declarar la extinción de la relación laboral sin necesidad de acudir al despido, ya que considera que a los indefinidos no fijos se le aplica la misma doctrina de los interinos». A la calle, sin más, con el uso de una «herramienta jurídica para defender los intereses del Ayuntamiento», como definió ayer el portavoz popular, José María López Benito. Una forma de actuar con la que el PSOE advirtió que «puede caer en presunta prevaricación administrativa».

Pese a este apunte, el portavoz del PP, que compareció ayer en solitario para defender esta fórmula, abundó en que la rescisión se aplicará a «aquellos casos en los que se haya recurrido el despido, se haya declarado nulo el mismo por resolución judicial y se haya amortizado la plaza o cerrado el servicio». Una situación en la que «se encuentran en la actualidad 9 personas», aunque López Benito concedió que «pueden ser más en un futuro». Un grupo en el que reseñó que no sólo están integrantes del cerrado albergue, sino también de guarderías, bibliotecas y servicios sociales, nutrido con las «11 sentencias contrarias del TSJ» sobre un total de 15 recibidas hasta ahora, como citó, sin apuntar que hay más del juzgado de lo social de León que decretan la nulidad de hasta 15 despidos por el momento.

En casa con sueldo

López Benito admitió que esto hace que haya «3 trabajadores que cobran si ocupar puesto», aunque no negó que el resto que han solicitado la ejecución provisional de sentencia tienen que percibir también sus nóminas desde la fecha del fallo, alguno de ellos con hasta 6 mensualidades acumuladas. «Estamos dando cumplimiento, pero hay situaciones difíciles porque hay servicios cerrados y plazas amortizadas», justificó el portavoz del PP, a quien no asistió la concejala responsable, Nuria Lesmes, como ha sucedido en otras decisiones de personal. Una «situación» que ya vivió la Diputación Provincial, que en cambio decidió readmitir a los trabajadores de la disuelta Ipelsa de manera inmediata.

No le cuadró la explicación al PSOE, que se mostró en «la obligación de advertir» al equipo de gobierno de que «puede caer en una presunta prevaricación administrativa» al utilizar la rescisión, después de que el TSJ le haya «ordenado que los readmitan». «Es el despido sobre el despido, como el despido diferido de Cospedal, las nuevas fórmulas del PP», ironizó el socialista Vicente Canuria, quien aseguró en que «buscan artimañas para no pagar, como hicieron con las plazas de los bomberos», después de un ERE que «el TSJ ha dicho que se hizo con imposición, sectarismo y discriminación, incluso positiva para salvar a algunas personas».

Canuria abundó en que «además quieren considerarnos tontos», al tomar como doctrina la sentencia del Alto Tribunal, dado que «la jurisprudencia que se debe seguir es aquella que sea reiterada, lo que obliga a que haya dos fallos del Supremo en el mismo sentido, no sólo uno como sucede». «Esto lo pagaremos todos y este ERE ya nos ha costado un millón de euros, entre las indemnizaciones y la factura a la asesoría externa», apostilló el portavoz socialista, José Antonio Diez, quien incidió en que «Gutiérrez lo vendió como modélico y lo que demuestra día a día es su pésima gestión». «Es el peor alcalde de la democracia y los ha habido no muy buenos», apuntó.

Frente a estas críticas, el PP envió una nota de prensa de réplica en la que recordó a Diez que en el anterior mandato «el PSOE despidió a 152 trabajadores municipales, lo que representó un coste económico para el Consistorio de 2,5 millones de euros». «De los 201 trabajadores afectados por el actual ERE, el debate jurídico entre los juzgados de lo Social de León y el TSJ se centra en un máximo de 15 casos, es decir, ni siquiera el 7,5% del total», se jactaron.