Reforma para que no acabe en liquidación

La legislación sobre procesos concursales en España está en pleno proceso de transformación, y uno de los objetivos fundamentales es reformar el mecanismo para evitar que en la práctica la mayor parte de los concursos acaben con la liquidación de la empresa. Según un informe del Consejo General del Poder Judicial, una «amplia mayoría» de los procesos acaba con la desaparición de la sociedad, y «en escasas ocasiones se logra el objetivo de reflotar a las empresas afectadas por la crisis».

El consejo señala también que la práctica totalidad de los concursos que se presentan son voluntarios, es decir, son las empresas afectadas las que se declaran en quiebra antes de que sus acreedores soliciten el concurso necesario.

Precisamente para impulsar que estos procesos permitan reflotar a las compañías, y no las aboquen definitivamente a la liquidación, el Fondo Monetario Internacional ha intervenido también para criticar el privilegio que la ley española da hasta ahora a los acreedores públicos. Una norma sobre insolvencias que, advierte, no beneficia ni a las pymes ni a los autónomos.

Los acreedores públicos son sobre todo Hacienda y la Seguridad Social; y pueden serlo también las autonomías o los ayuntamientos en caso de impago de impuestos y tasas. El FMI recuerda que la mayoría de la deuda de las pymes s con estos acreedores, que tienen el privilegio de cobrar los primeros y no estar vinculados a las quitas ni a los acuerdos de refinanciación o convenios de los demás acreedores. El Fondo critica que la «falta de habilidad para liderar los procesos» de concurso de estos acreedores públicos hace que muchos procesos acaben en «liquidación automática».