La Junta no dejará ejecutar obras en dos años en la plaza del Grano si la hace BIC

La paralización del proyecto de reforma de la plaza del Grano se puede convertir en bloqueo indefinido antes del 27 de agosto. La Junta tiene hasta esta fecha para decidir sobre la petición del Ayuntamiento para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) a la plaza: si no contesta se entiende que se rechaza, vencidos los 6 meses desde la presentación de la solicitud, y que con el permiso de la comisión de patrimonio pueden comenzar los trabajos; pero si acepta, se abre un nuevo plazo de hasta dos años para el desarrollo del expediente durante los cuales no se podrán ensanchar las aceras, ni mover una piedra del empedrado histórico, salvo que sea como intervención de urgencia. Un escenario que complica mucho el avance del proyecto estrella del equipo de gobierno del PP, que se ha enredado solo al promover la declaración sin tener antes todos los permisos, con el único objetivo de acallar las críticas de los colectivos conservacionistas.

Pese a los intentos de los rectores del Ayuntamiento de la capital leonesa no hay otra alternativa para la realización de las obras que confiar en que la Junta deje correr el plazo sin incoar la declaración BIC, cuyo petición se registró en Valladolid el 27 de febrero. Una paradoja en la que el equipo de gobierno sólo podrá realizar las obras si la administración autonómica no hace lo que le había pedido para aumentar la protección del conjunto histórico de la plaza del Grano. Un embrollo del que el consistorio quiso salir con el argumento de que el informe de patrimonio no era preceptivo, ni se necesitaba esperar a saber si era BIC o no el empedrado para comenzar los trabajos, pero ante el que se encontró a mediados de este mes con la respuesta clara de la delegación territorial de la Junta, fundamentada en un documento de la asesoría jurídica central: no puede haber dictamen hasta que se resuelva la declaración y el informe no sólo es preceptivo y vinculante, sino que además necesita una autorización específica para los trabajos firmada por la comisión de patrimonio. Un juicio basado en que se encuentra en el Plan Especial de Ordenación y Mejora y Protección de la Ciudad Antigua y, además, en el ámbito de afección del Conjunto Histórico del Camino de Santiago, cuyo plan aún no se halla aprobado.

El entramado jurídico descrito abunda en que no se puede dar ahora un informe antes de saber si habrá un nivel de protección mayor, derivado de la declaración BIC; un nuevo marco de referencia en el que los expertos de la ponencia y la comisión de patrimonio tienen que basarse para dar la autorización. Por ese motivo no cabe la posibilidad de obviar la solicitud cursada por el equipo de gobierno, sin que nadie le obligara, dos años después de tener los planos del proyecto en el cajón y después incluso de que hubiera adjudicado la obra.