Apenas un 2% de los comercios se beneficiarían de la libertad de horarios
El Ayuntamiento negocia la delimitación geográfica y temporal del área turística.
La declaración de León como Zona de Gran Afluencia Turística deja en su letra pequeña el reducido impacto cuantitativo que tendría en la ciudad. Apenas un 2% de los comercios se verían beneficiados por la liberalización de horarios comerciales: justo aquellos que tienen más de 300 metros de patio de venta, puesto que el resto de los negocios ya goza de flexibilidad para marcar sus aperturas y cierres. Una delimitación que deja fuera a poco más que las grandes superficies —El Corte Inglés, León Plaza, Espacio León y Carrefour—, las franquicias del grupo Inditex y otros que hay en el entorno de Alcázar de Toledo y Ordoño y las cadenas de supermercados. Pocos en cuanto a número, pero que ocasionarían «un gran daño en el pequeño y mediano comercio», como defendieron ayer los representantes de las asociaciones de comerciantes de la ciudad en su encuentro con el equipo de gobierno del Ayuntamiento, con la concejala de Comercio, María José Álvarez Casais, y el alcalde, Emilio Gutiérrez, como interlocutores.
Para que este impacto sea el menor posible, el Ayuntamiento se abrió a que sean los comerciantes quienes hagan una propuesta del área geográfica en el que se aplique la liberalización de horarios. El plano tendrá que ajustarse en la reunión de la próxima semana, aunque según lo avanzado ayer se definirá en función de los monumentos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y del eje de Ordoño II. Estas referencias serán las bases sobre las que fundamentar en la propuesta el interés turístico, que aparece como la excusa de la imposición del Gobierno para que se incluya a León en esta clasificación, pero que a su vez deja fuera los espacios en los que están las grandes superficies. Una argumentación que tendrán que hilar de manera adecuada para «justificar muy bien la zonificación», como expuso la concejala de Comercio, María José Álvarez Casais, quien abundó en que en última instancia será la Junta quien deberá aprobar o ampliar la proposición que se le traslade.
La petición se enviará como muy tarde a primeros de septiembre para que la Junta cuente con dos meses de análisis del documento, antes de que venza el medio año fijado por el Gobierno, que establece que ausencia de una propuesta se aplicará a toda la ciudad. En el plan pactado, que busca que la incidencia sea casi nula sobre el comercio, se especificará no sólo el área geográfica, sino también su acotación para que la libertad de horarios sólo se pueda aplicar en unas fechas determinadas por la afluencia turística: la Semana Santa, las fiestas de San Juan y San Pedro, San Froilán y el fin de semana del Purple Weekwend, que se celebra en el puente de la Constitución y La Inmaculada. Unas fechas que harían que se sumasen otros entre cinco y seis festivos más de apertura de establecimientos a los 10 que ya existen en la regulación de la Junta parta toda la comunidad autónoma, pese a que el máximo estatal queda fijado en 16.