El TSJ permite a empleados de limpieza volver a salarios un 60% más elevados

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) acaba de dar la razón a los trabajadores de la limpieza de interior, que fueron subrogados con la municipalización del servicio hace dos años, y que reclamaban volver a regirse por el convenio que mantenían cuando eran empleados de la empresa Urbaser. En la práctica supondría incrementar un 60% los salarios de 15 de los 18 trabajadores de ese área. El equipo de gobierno ha recurrido en casación la sentencia, que destaca que en la municipalización de noviembre de 2012 «no medió resolución judicial alguna que impusiera tal migración (de la plantilla de Urbaser al Consistorio), sino que fue fruto de un acuerdo del Ayuntamiento adoptado de manera voluntaria».

También matiza que si el Consistorio consideraba «que los emolumentos que en adelante debían percibir los empleados asumidos debían ser los contenidos en su propia norma convencional y no en el convenio de la empresa, se debió acudir al procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo «definido en el artículo 41 del estatuto de los Trabajadores), pues por imperativo legal (artículo 44) debía respetar los derechos y obligaciones laborales y de seguridad Social establecidos por el anterior empresario».

El PSOE calcula que el coste del fallo judicial elevará la factura de la municipalización, que califican de «chapucera», en más de 120.000 euros anuales, más 150.000 euros del pago de los atrasos. La portavoz, María Eugenia Gancedo, cree que el alcalde «ha mostrado poco aprecio hacia los derechos laborales de los trabajadores de los servicios que ha tocado» y recuerda que el Partido Socialista ya advirtió de las consecuencias de la municipalización. Por su parte, el portavoz de IxSA, Luis Herrero, pone el acento en que «la municipalización supuso 11 despidos de no subrogados, la condena al Ayuntamiento en más de medio millón de indemnización y una merma evidente en la calidad del servicio».

Desigualdad laboral

Ahora, resultará «que en el Ayuntamiento van a convivir trabajadores con convenios muy distintos, y condiciones laborales que nada tienen que ver entre sí». Los trabajadores a los que ya han dado la razón dos órganos judiciales diferentes, «tienen emolumentos más favorables en sus nóminas y, conforme al convenio de su antigua empresa, percibirán 16 pagas al año; cobrarán cuatro pagas extraordinarias, dos pagas más que el resto de los trabajadores municipales», destaca, para quien resulta «insólito que, según manifestó el propio concejal de personal aún no se haya realizado el cálculo del incremento que supondrá».