La Diputación transfiere Santa Isabel a la Junta con casi28 años de retraso

Cuando se cumplen 28 años de la Ley General de Sanidad que abría la posibilidad de transferencia y 23 desde que se firmó el acuerdo provisional de funcionamiento, la Diputación de León aprobó ayer en Pleno por fin el traspaso definitivo del hospital psiquiátrico Santa Isabel a la Junta. «Un día histórico», como se felicitaron todos los grupos políticos representados, que todavía deja pendiente de arreglar el pleito que se mantiene con la administración autonómica para saldar la deuda de 5,4 millones de euros acumuladas durante todos estos años por la prestación del servicio. El objetivo es compensarla con la venta del edificio del San Antonio Abad, anejo al complejo hospitalario, valorado en cerca de 7 millones de euros y que ocupa de manera efectiva Sacyl, a pesar de que los gastos de funcionamiento, los impuestos y tasas los abona cada año la institución provincial.

Pese a esta intención de compensar las cantidades, «existen dificultades jurídicas», como avisó el portavoz del equipo de gobierno, Jaime González, quien abundó que habrá que resolver las pegas que pone la Consejería de Hacienda, toda vez que el acuerdo está muy avanzado con Sanidad, que pretende ampliar los usos del San Antonio Abad para investigación y docencia, además de las consultas y áreas de gestión y administración que ya están en funcionamiento ahora.

A la espera de que se resuelvan estas dificultades, la Diputación Provincial se deshará de Santa Isabel al día siguiente de la publicación en el Bocyl del acuerdo aprobado ayer, sin que el acuerdo «conlleve el traspaso de medios materiales, ni personales, ni de obligaciones, bienes o derechos que deriven de la prestación de las funciones», como quedó recogido en el documento.

El entendimiento acaba con el convenio que se firmó en 1991 por el que «Caja España, titular del centro, se obligaba a prestar asistencia a pacientes internados por orden y cuenta de la Diputación Provincial de León y la Diputación Provincial asumía las cuotas de estancia por asistencia». Desde entonces se empezó a acumular la cuenta por la que la Diputación llegó a deber a la Junta 8,4 millones de euros, que en la actualidad, después de los pagos pactados, se encuentran ahora cerca de los 5,4 millones de euros.