operación púnica
Prisión bajo fianza para el alcalde que trató de ocultar pruebas el lunes
Sánchez Fernández está acusado de ocho delitos, que antes de ser pillado eran cuatro.
Sánchez Fernández a su llegada a la Audiencia Nacional.
Antonio Sánchez Fernández, alcalde de la localidad madrileña de Serranillos del Valle, llegó a pie a primera hora de ayer a la Audiencia Nacional y horas después salió en un furgón de la Guardia Civil rumbo al centro penitenciario de Soto del Real. Sentado en la parte trasera del vehículo, el regidor llevaba en su mano un auto de prisión del juez Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, la trama local y regional de corrupción política con tentáculos en cuatro comunidades.
El alcalde se convirtió en el último ‘cadáver político’ de una red vinculada a la promoción urbanística y a la contratación administrativa. Aunque el caso de Sánchez Fernández es particular, ya que hasta este lunes por la mañana estaba imputado por cuatro delitos y a la espera de comparecer ante el juez -no lo hizo la semana pasada por estar convaleciente de una operación-, pero después de ser pillado ‘in fraganti’ en su despacho oficial llevándose documentos ha acabado acusado de ocho delitos y castigado a prisión bajo fianza de 60.000 euros.
La medida privativa de libertad fue solicitada al juez por la Fiscalía Anticorrupción. Justificó para ello el intento «de evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto». Y con la actuación del alcalde de Serranillos se ha cumplido este último precepto, según consideró el juez.
A la espera de que se oficialice en un pleno municipal su dimisión, registrada este lunes en el ayuntamiento madrileño, el alcalde saliente ya conoce el oscuro horizonte procesal que tiene por delante, en línea con los primeros espadas de un caso de corrupción más bien local que por hastío y reiteración ha acabado por sacudir a la política nacional.
El miembro del partido independiente UDMA (Unión Demócratas por Madrid) está imputado por los delitos de organización criminal, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación, fraude, cohecho y prevaricación. En su auto, el juez explicó que «sería responsable de varias irregularidades» en materia de contratación pública para beneficiar al empresario David Marjaliza, principal ‘conseguidor’ de la trama que se encuentra en prisión incondicional.
El juez relata que en este caso existe riesgo «objetivo y concurrente» de alteración de elementos «relevantes» para la investigación del delito puesto que fue descubierto huyendo del consistorio con documentación probatoria y pretendía «eludir de la acción de la Justicia”.
Dimisiones
Los seis alcaldes de municipios madrileños investigados en la operación Púnica han abandonado el cargo, tras la dimisión del hasta ayer alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz (PP).
En el municipio de Collado Villalba, el ya ex alcalde Agustín Juárez (PP) dimitió el lunes de su cargo y anunció que abandonaba la política tras su implicación en el caso, tras declararse «absolutamente inocente» de los hechos que se le imputan.
También registró el lunes su dimisión y renuncia al acta de edil el alcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez (UDMA).
El Ayuntamiento de Valdemoro anunció también el lunes la «inminente» renuncia al acta del ex alcalde de la localidad, José Carlos Boza (PP), y del edil de Hacienda, Javier Hernández. En este municipio, el edil Manuel Salguero asumió la alcaldía en funciones al día siguiente de las detenciones.
El pasado viernes, Gonzalo Cubas Navarro (PP), alcalde de Torrejón de Velasco y cuñado del empresario David Marjaliza -imputado en la trama-, renunció a la Alcaldía y a su acta de edil.
El ex alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE), formalizó el pasado 31 de octubre su dimisión como regidor.
Días antes, el 28 de octubre, el alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, anunció el cese cautelar de funciones del concejal adjunto de Medio Ambiente en el Ayuntamiento, Alejandro de Utrilla.
Más allá de los entes locales, el pasado 31 de octubre presentó su dimisión el consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás.