TRIBUNALES
La Audiencia sólo juzga a uno de los ocho acusados por falsificar tarjetas
Tres de ellos se conformaron para evitar ir a la cárcel y cuatro están desaparecidos
Un momento de la vista oral de ayer.
José Arroyo Bernal, un individuo español de 46 años, natural de Salamanca, es el único de los ocho imputados iniciales que se somete desde ayer a juicio en la Audiencia Provincial de León por su presunta participación en una trama fraudulenta que utilizó tarjetas de crédito para estafar alrededor de 16.000 euros, según deparó la primera de las tres jornadas previstas.
Cuatro de los imputados no podrán ser juzgados y se decretó para ellos una orden de búsqueda y captura. Son Melc Zdenek (que también tiene la identidad de Costel Babu), Nicolae Isip, Marcel Aurel Lucian y Sorin Marcovici. Todos ellos son rumanos y en alguno de los casos, disponen de hasta siete identidades diferentes en una misma persona, según explicó en el Plenario el fiscal, Emilio Fernández.
Otros tres aceptaron conformarse con una pena de diez meses de prisión, tres meses de multa a razón de dos euros diarios por falsedad en documento mercantil y una tercera pena de 45 días a razón de dos euros diarios. Corresponden a los delitos de falsificación de moneda, estafa en grado de tentativa y falsedad en documento mercantil.
Lo negaron todo
El interrogatorio se convirtió en una concatenación de negativas por parte del único procesado susceptible de someterse a juicio en el caso, que deriva de una inhibición de la Audiencia Nacional (lo devolvió a León por considerar que era el lugar donde basicamente se había cometido el delito). Los hechos datan del año 2006.
De acuerdo a la versión del fiscal, el sospechoso estableció contactos con una red de contactos con una serie de personas, rumanos en su mayoría, que se dedicaban a la utilización fraudulenta de tarjetas de crédito clonadas. Mediante este sistema se llevaron a cabo dos operaciones en noviembre de aquel año, una por valor de casi 5.000 euros y otra por importe de alrededor de 12.000, que según se argumentó en el juicio, no pudieron llegar a ser cobradas por la negativa del banco a hacer efectiva la operación, ante las sospechas desatadas.
Todas las preguntas realizadas por el fiscal fueron contestadas con negativas del acusado o rechazadas con los mismos argumentos. Así, el procesado manifestó que es falso que tuviera un teléfono móvil mientras estaba en prisión, pese a que la Policía Nacional tiene conversaciones grabadas con otros de los imputados, en la que expresaba su inquietud por la suerte que pudiera correr la operación.
También rechazó conocer a los procesados con los que mantenía la conversación y tras leerle el fiscal parte de la transcripción de las llamadas, negó haber tomado parte en esa conversación.
Los testigos
Ocurrió lo mismo con los testigos y el procesado en sala. Todos negaron conocerse entre sí, pese a que la investigación dispone de conversaciones entre ellos y rechazaron formar parte de la trama, ante cuya actitud el fiscal optó por minimizar su turno de preguntas, convencido de que hoy las pruebas testificales depararán más argumentos en favor de su tesis.
Si prospera la misma, el enjuiciado se expone a una pena de ocho años de prisión por el delito de falsificación de moneda, a lo que se sumaría una pena de dos años y medio de cárcel más por el delito de estafa.
Su abogado, que decidió defenderle pese a haber sido hospitalizado este fin de semana con una dolencia cardíaca, sostiene que procede la libre absolución por falta de pruebas.