Un día negro que dejó a León en blanco

La muerte de Isabel Carrasco en 2014 marcó el devenir del año en materia de sucesos. El que posiblemente haya sido el mayor de los episodios de este género conocido en la historia moderna de León compartió calendario con la detención del sucesor de Carrasco, Marcos Martínez, acusado de formar parte de una trama corrupta. El homicidio de Roberto Larralde y la muerte de tres guardias civiles hizo el resto.

A las 17.17 horas del 12 de mayo des este año se pararon los relojes de la historia reciente de León. La presidenta de la Diputación Provincial, Isabel Carrasco, cayó al suelo en la pasarela del Paseo de Salamanca, después de haber recibido un primer disparo mortal de necesidad y dos más que la remataron por la espalda. Falló un cuarto, se encasquilló el revólver pero el daño ya estaba hecho.

Ni la mejor novela de ficción hubiera mejorado los argumentos. Montserrat González, esposa de un inspector de Policía Nacional responsable de la Comisaría de Astorga, madre de una antigua trabajadora despedida de la Diputación Provincial, a su vez amiga esta de una agente de Policía Local presuntamente implicada en la trama ideada para acabar con su vida, puso fin a la situación de angustia que le generaba la presidenta del Partido Popular de León por el trato que al parecer había dado a su hija en el tiempo en el que trabajó para el gobierno provincial.

La mató porque no soportaba más el daño que le estaba haciendo a su hija. Eso declaró en el juzgado de Instrucción número 4 de los de León al día siguiente del crimen, después de haber confesado la noche previa la autoría de los hechos.

Dicen los informes psicológicos que se trata de una persona altiva, egocéntrica, muy amiga de las relaciones sociales a la mayor escala posible (reservó varias noches de estancia en el hotel Villapadierna de Marbella para coincidir con Michelle Obama mientras la primera dama americana estuvo en España), Montserrat no podía hacerse a la idea de que su hija perdiera hasta 25 kilos de peso víctima de la depresión que le produjo el trato recibido.

Los mismos informes reconocen que Triana Martínez, su hija, no quería aceptar otros empleos incluso con mayor salario después de su salida de la Diputación. «Tiene la sensación de que hay una serie de derechos que le son adquiridos de por sí», explicaron las forenses en sus conclusiones. «Quizá metí a mi madre demasiado en esto», reconoció len sede judicial la joven, que cambió después de argumentos y ahora explica que los enfrentamientos con Carrasco se deben a que una tarde que fue invitada por la presidenta a tomar café en su casa, trató de besarla. Fue supuestamente a causa de aquel rechazo en 2010 por lo que comenzaron las disensiones.

Menos claro se muestra en principio el papel de Raquel Gago aunque a criterio del Ministerio Fiscal, era parte de un plan perfectamente ideado en el que la agente tenía que deshacerse de la pistola con la que se cometió el crimen. Las tres permanecen imputadas, las tres siguen en prisión y para cada una de ellas se acaba de fijar una fianza de 100.000 euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria.

Carrasco había comido en un céntrico hotel de la capital aquella tarde y pasó por su casa antes de dirigirse a la sede del PP. Tenía previsto acudir a un mítin de Mariano Rajoy en Valladolid. Cruzaba sola la pasarela, cuando una mujer, cubierta con un pañuelo y guantes, se le acercó por detrás y a la altura de la mitad de la pasarela, le descerrajó los disparos.

La casualidad quiso que en ese momento, viniera de frente un antiguo policía nacional, ahora en segunda actividad, acompañado por su esposa. Los dos escucharon los disparos después de cruzarse con víctima y agresora y comprobaron como una de ellas caía muerta. Pedro Mielgo, que había dedicado buena parte de su vida profesional como policía a realizar seguimientos de personas en Benidorm, se fió de su instinto. Y arriesgó su vida. Decidió seguirla. «Pensé que me iba a meter dos tiros a mí también», reconoció. Fue premiado con la medalla al mérito de la Policía Local.

En su trayecto siguiendo el rastro de la asesina confesa, topó con un vehículo de la policía municipal. Explicó lo que acababa de ver y dio instrucciones precisas. Pero acababa de perder de vista a la mujer. La encontró unos metros más adelante, cuando ya se había cambiado de ropa. La identificó por las medias y los zapatos. Las prendas que vestía en el momento del delito, fueron halladas en el maletero del coche.

Instantes después fue detenida Triana. Procedía de otra calle paralela y se encontró el panorama. Cuando los agentes le preguntaron de dónde venía explicó que acababa de entrar a comprar unos pasteles en un establecimiento cercano. Craso error. La pastelería cierra siempre los lunes y ese día no estaba abierta. Resultó detenida también.

La policía tardó más en arrestar a Raquel Gago porque la agente no explicó a nadie ni que acababa de encontrarse con Triana unos minutos después de la muerte de la presidenta ni que había estado comiendo con madre e hija horas antes del asesinato. Pero entre dientes, la hija de la supuesta autora de los hechos había exigido a su madre discreción para no confesar en manos de quién habían puesto el arma. «No digas nada, que es policía local».

¿Chivatazo?

Una parte de la investigación considera que el dato fue revelado a Gago antes de que acudiese voluntariamente a entregar el arma, guardada en un bolso. Había aparecido, según su versión, de forma sorprendente en el asiento de su coche. Raquel no vio el contenido de la bandolera cuando Triana se lo colocó en su vehículo, ni sabe muy bien por qué abrió la puerta del utilitario. Ni entiende por qué sus amigas no vieron ningún bolso aquella tarde en el interior del vehículo. Ni tampoco supo justificar adecuadamente, a criterio de la jueza, por qué no acudió al taller de manualidades al que solía ir, alegando que aquella tarde se había dormido ni fundamentalmente cuál había sido el contenido de una llamada de 17 segundos que le hizo Triana al poco del homicidio. Por todos estos argumentos, hasta en tres ocasiones se ha denegado la libertad provisional solicitada por la joven.

Tras declarar en el juzgado, las tres fueron enviadas al Centro Penitenciario Provincial de Villahierro, donde permanecen desde entonces. Madre e hija argumentan que su confesión se obtuvo con engaños, puesto que supuestamente los inspectores de Burgos enviados por la Jefatura de Policía de Castilla y León para asistir en el caso, habida cuenta de la implicación indirecta de un inspector leonés, las engañaron prometiendo que solamente se incriminaría a la madre a cambio de que reconociera los hechos y diera información sobre el arma.

Por este concepto su letrado ha presentado un incidente de nulidad de actuaciones y otro de declaraciones que no han sido tenidos en cuenta por la juzgadora.

El final de la instrucción está cercano. El auto de hechos enjuiciables permitirá a las partes establecer una postura en torno a la calificación de los delitos, que inicialmente podrían ser de asesinato, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas, en el caso de la principal acusada. Su hija es considerada cómplice de los hechos por parte de las acusaciones y para la agente se estudia la posibilidad de incardinar su comportamiento en el de «cooperadora necesaria», circunstancia que colocaría a las tres en un plano de responsabilidad bastante similar.

Recurso pendiente

Queda por dirimir un recurso del letrado de la agente ante la Audiencia Provincial, para tratar de ponerla en libertad provisional a la espera de juicio, que se intentaba celebrar para la próxima primavera pero que puede retrasarse hasta el próximo otoño si el juego de los recursos que posiblemente presentarán las partes cumple su función.

El juicio se celebrará en cualquier caso en la Audiencia Provincial de León, por el sistema del Tribunal del Jurado, después de que el último auto de la jueza Sonia González así lo confirmase. La instrucción apura sus últimos coletazos, antes de que el asunto ingrese en el Palacio de Justicia en el año que llama a la puerta.