el crimen de la presidenta de la diputación
Montserrat y Triana piden ahora papeles para dañar la imagen de Isabel Carrasco
Hacen ver que «había gastos muy superiores a los reales y obligaba a justificarlos».
La representación procesal de Montserrat González y Triana Martínez ha solicitado la incorporación al procedimiento abierto por la muerte violenta de Isabel Carrasco de una serie de documentos encaminados a probar la veracidad de las afirmaciones de la hija, según la cual una parte de sus desavenencias con la presidenta se debían a irregularidades en la gestión económica de la Diputación que la joven se veía obligada a certificar por órdenes superiores.
El letrado de las dos principales imputadas, José Ramón García, cuenta en principio con el beneplácito de la instructora, Sonia García, para que se presenten diferentes documentos de la Diputación Provincial, un despacho de abogados, Hacienda, Viproelco y Caja España con los que se pretende probar esta teoría.
A pesar de que en principio la prueba no tiene contenido directo para aportar o desvirtuar pruebas sobre la autoría del crimen y las imputaciones, la jueza está por la labor de aceptarla. Viene siendo norma común en buena parte de las decisiones de la responsable de la instrucción, que quiere evitar la posibilidad de que las defensas aleguen posteriormente indefensión en el juicio.
Esta filosofía retrasará en parte el cierre de la instrucción, que en un principio se calculaba para fin de año, pero evita problemas jurídicos a posteriori. Por el momento no hay fecha para la elaboración del auto de hechos judiciables y la presentación de los escritos de calificaciones provisionales, igualmente se demorarán en cierta medida.
La acusación particular y la acusación popular mostraron su más absoluto rechazo a la aportación de los documentos. Entienden ambas partes que son papeles que no van a hacer más luz respecto a lo ocurrido el pasado 12 de mayo del año pasado y que sin embargo pretenden empañar la imagen de la víctima ya después de fallecida, por lo que existe un malestar patente bastante profundo con la determinación adoptada por la defensa de las dos principales acusadas.
La primera declaración de Triana Martínez en sede policial ya dejó entrever parte de estos aspectos. «Isabel me pedía cosas oficiales y también privadas para ella misma y pretendía tener un control muy exhaustivo de todo lo que sucedía en la Diputación. Hacía ver que había gastos muy superiores a los importes reales para lo que me hacía contactar con otras comunidades autónomas», explicó en sus manifestaciones.
