Everest propone a la Junta ir a reestructuración para salvar el escollo de las garantías exigidas
Los trabajadores comienzan una huelga indefinida a partir del día 1 mientras la empresa asegura que intenta pagar parte de las nóminas adeudadas a los trabajadores .
La dirección de Everest envió el lunes por la tarde una nueva propuesta a la Junta de Castilla y León para tratar de obtener los 3,2 millones de euros que permitirían afrontar el pago de las nóminas adeudadas a los trabajadores y poner en marcha la producción, según explicó ayer a los comités de empresa. Se trataría de evitar la línea de ayudas de salvamento y reestructuración, para la que la Junta insiste en que la empresa no ha presentado suficientes garantías; y acudir directamente a la línea de reestructuración, de forma que en lugar de aportar capital la empresa asume parte de la deuda financiera a largo plazo. El nuevo inversor, que según la empresa podría estar decidido en algunas semanas, respaldaría el préstamo de la Junta.
De momento lo que está encima de la mesa es la convocatoria de huelga indefinida en las tres empresas del grupo editorial a partir del próximo día 1, después de que ayer no se produjera ningún acercamiento de posturas en la reunión del Servicio de Relaciones Laborales (Serla).
La dirección de la empresa aseguró ayer a los trabajadores que está haciendo «todo lo posible» para abonar la parte proporcional de la nómina de febrero (comenzaron a trabajar el pasado día 13); así como el 25% que resta de abonar de la extra del mes de marzo del año pasado, que está a punto de prescribir. Sin embargo, desde el comité de empresa aseguraron anoche que «estos son futuribles, las buenas intenciones están bien, pero para desconvocar la huelga lo que exigimos son hechos».
Los representantes de los trabajadores informarán hoy de la reunión en una asamblea informativa; mientras que prevén tomar medidas de protesta de cara al inicio de la huelga convocada.
Comisión de anclaje
Por otro lado, el comité ha solicitado a la Junta de Castilla y León la convocatoria de una comisión de anclaje, ante la falta de avance en el conflicto y lo infructuoso de las negociaciones. La solicitud se realizó el lunes por la tarde, después del fiasco que supuso una reunión a la que debían asistir responsables del Gobierno autonómico y la dirección de la empresa, para informar de la marcha de las gestiones. Desde el comité consideran que las personas enviadas por ambas partes no eran interlocutores válidos, por lo que solicitan la comisión.