TRIBUTOS
Más de 1.200 jubilados retornados deben regularizar su situación con Hacienda
Al tener dos pagadores, tienen que declarar desde el 2010 la pensión del país extranjero.
Un matrimonio de jubilados muestra el documento de Hacienda en el que tiene que hacer la declaración.
El 30 de junio es la fecha tope dada por el Ministerio de Hacienda para que todos aquellas personas que emigraron y que ahora tienen dos pensiones, la del país al que se fueron a trabajar y la española, regularicen su situación ante el fisco. El proyecto de ley de reforma del IRPF y del Impuesto de la Renta de No Residentes afecta a más de 1.200 leoneses que emigraron, principalmente a Francia, Suiza, Bélgica y Alemania. La norma se sustenta en que, a pesar de que en muchos casos lo que cobraban no llegaba al mínimo para hacer la declaración, ahora deberán hacerla al tener dos pagadores, el Estado español y en el que estuvieron trabajando durante sus años de emigrantes.
La regularización tiene carácter retroactivo y deberán poner al día su situación haciendo declaraciones complementarias desde el año 2010, lo que ha provocado que muchos de ellos tengan que realizar fuertes desembolsos, que van desde los mil euros hasta los 24.000, según algún caso conocido por el secretario general estatal de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, Anatolio Díez. El ministerio les ha informado a través de una carta que tienen hasta el 30 de junio para presentar «la regularización voluntaria» y en estos casos se «evitará la exigencia de recargos, intereses o sanciones», según figura en la misiva, en la que también se precisa que en el caso de que ya se hubiese impuesto una sanción «será condonada». Pero todo ello deberá estar acompañado «del pago correspondiente» a los cuatro años que no han prescrito.
«Esta norma está desde hace años, pero nadie la aplicaba porque era un perjuicio grave para los pensionistas», apunta Díez, quien añade que aplicar esta norma a «pensionistas con pagos altos es lógico, pero estamos hablando, en muchos casos, de pensiones que están por debajo del salario mínimo». El mayo del 2014 el ministerio que dirige Cristóbal Montoro comenzó a enviar requerimientos a los pensionistas retornados reclamando o sancionando su situación «porque consideraban que había afán defraudador, cuando muchos lo que hacían era tan sólo firmar el borrador que les enviaba Hacienda o seguían actuando como otros años», apunta Díez.