El fraude catastral detectado le dará a León 815.000 euros más por el IBI

Había una piscina en la parcela del chalé sin que se notificara; apareció una habitación de repente en el espacio que los planos habilitaban para la terraza; la casa ganó espacio de vivienda en perjuicio del jardín; las plantas del inmueble no cuadraban con las que constaban en el Catastro; la oficina había pasado a ser una vivienda; la terraza del ático se convirtió de repente en un piso; el inmueble se reformó por completo sin que se diera cuenta de ello a la autoridad urbanística... Cerca de 1.500 fraudes catastrales que han sido detectados durante la inspección decretada por el Ministerio de Hacienda y que se realizó en el segundo semestre del pasado año. Una bolsa de irregularidades que permitirán al Ayuntamiento de León engordar con 815.250 euros la partida de recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cuyo periodo de pago voluntario se abre el próximo viernes día 20 de marzo, aunque para los recibos domiciliados el cargo no se ejecutará hasta el 11 de mayo.

La alteración del valor catastral de estas 1.500 unidades urbanas descubiertas, de las que una tercera parte han sido recurridas por parte de sus propietarios, la firma la empresa designada por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria y Patrimonio S.A. (Segipsa). Una labor técnica en la que se han utilizado vuelos a baja altura, fotografías aéreas, visitas directas a edificaciones y planos sacados por satélite: herramientas que se han cruzado con los datos del padrón municipal del Ayuntamiento para cotejar las modificaciones, verificar la existencia de licencias de obras que no se notificaron al Catastro durante los dos meses que establece la ley y fijar la base imponible correspondiente.

El proceso se ha encuadrado dentro de la denominada amnistía catastral. Junto con las propiedades cuyo fraude ha sido descubierto en la inspección, el Ministerio de Hacienda abrió la posibilidad para que aquellos propietarios que quisieran regularizar su situación pudieran hacerlo con sólo el pago de una tasa de 60 euros, en lugar de tener que enfrentarse a sanciones de hasta 6.000 euros si, en futuras revisiones, se demostraba que habían hecho alteraciones sin notificar durante los últimos cuatro años, que es el periodo de prescripción; una ventana en la que, en ningún caso, se permitía legalizar construcciones en espacios sin autorización.

La regularización de estos fraudes coloca la valoración catastral de León en 6.4044.123.865 euros, repartido entre las 130.693 unidades urbanas totales, apenas 184 más de las que entraron en el padrón puesto al cobro durante ele ejercicio 2014. Unas cifras que no sólo permitirán más ingresos por el IBI, sino que permitirán incrementar las arcas municipales en el caso de que alguna de ellas sea transmitida, lo que obliga a abonar el impuesto de plusvalías, y que repercutirán en la hacienda pública mediante los cómputos del IRPF, ya que, excepto que sean las viviendas habituales, tributan entre el 1,1 y el 25 del valor catastral.