Más de un mes sin saber de la fianza
Superado ya el mes desde que se presentó el escrito, el recurso de la defensa letrada de Marcos Martínez Barazón solicitando la devolución de la fianza de 30.000 euros que se le había exigido para su puesta en libertad sigue sin respuesta.
«No hemos vuelto a saber nada», reconoció ayer a este periódico Ricardo Gavilanes, abogado de Martínez Barazón, que desconoce cuándo podrá haber una solución a la petición.
La Audiencia Nacional sí que ordenó, sin embargo, que a mediados de febrero que se devolviera al empresario Alejandro de Pedro, considerado como uno de los ‘conseguidores’ de contratos a favor de la trama desarticulada a través de la operación Púnica, la fianza de 50.000 euros que abonó para salir de prisión el pasado 24 de diciembre.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal estimó el recurso presentado por la defensa de Alejandro de Pedro al entender que la medida era «innecesaria» toda vez que no servía para aminorar el riesgo de destrucción de pruebas o de influir sobre otros implicados en la causa que fue esgrimido por el juez Eloy Velasco.
De Pedro Llorca ingresó en la cárcel el mismo día que Barazón al considerar que existía un riesgo «objetivo» de que pudiera destruir pruebas o de «influenciar o presionar» sobre testigos y coimputados. El magistrado decretó después su puesta en libertad con la condición de que prestara una fianza de 50.000 euros, lo que así hizo.
A Jesús López, no
No siguió el mismo camino la propuesta de Jesús López, el interventor de la Diputación al que se denegó la devolución de la fianza de 30.000 euros que evitó su ingreso en prisión, acusado de malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.
El juez Velasco relaciona a De Pedro, que administra una empresa de posicionamiento on line implicada en este caso, con el expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y aseguró en el auto en el que decretó su ingreso en prisión que el político le concedió contratos en la estación de esquí de San Isidro «a cambio de que éste hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León».
Además, el presidente de la Diputación leonesa «tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude», decía el juez.