Los ex consejeros de Caja España declaran ante la jueza el 26 y 29 de mayo
Acuden al Juzgado como imputados por la refinanciación de las deudas de Llamas.
Los miembros del Consejo de Administración de Caja España que asistieron a la reunión que se celebró el día 8 de enero de 2009 deberán acudir a declarar como imputados ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de León, para explicar por qué aprobaron la refinanciación de la deuda del constructor y entonces presidente de la entidad, Santos Llamas, a pesar de los informes en contra de la Comisión de Riesgos y de las advertencias del Banco de España.
La jueza ha citado para el día 26 a la primera hora, las 10 de la mañana, a Miguel Ángel Álvarez, entonces secretario del consejo y que después formó parte de la dirección de Banco Ceiss hasta que Unicaja tomó el control de la entidad. Le seguirán Artemio Domínguez González, al calde de Medina de Rioseco, del PP; Bernardo Fernández Álvarez, que fue designado por la Unión del Pueblo Leonés; Francisco Javier Fernández Álvarez, ex alcalde socialista de León y que recibió una prejubilación millonaria como trabajador de la entidad financiera; Alfredo Fernández Salvadores, representante del sindicato CSICA; Juan Elicio Fierro Vidal, concejal del PP en Ponferrada; y Marcos García González, designado por el PSOE.
El día 29 iniciará la jornada de declaraciones Francisco Javier García-Prieto, procurador, ex presidente de la Diputación de León e incluido en la candidatura al Ayuntamiento de Leon en la lista del PP; seguido de Zenón Jiménez-Ridruejo Ayuso, ex procurador del PSOE; Fernando Martínez Maíllo, presidente de la Diputación de Zamora; Alejandro Menéndez Moreno, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valladolid; María Begoña Núñez Díez, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Palencia; María Olga Palacio García, ex concejala socialista en el Ayuntamiento de León y José Antonio Turrado Fernández, secretario general de la organización agraria Asaja en Castilla y León.
La magistrada rechaza el requerimiento de la procuradora de Caja España respecto a las distintas ciudades donde viven los ex consejeros imputados, y considera que «teniendo en cuenta la complejidad, el volumen del asunto y poder practicar la celebración de las declaraciones en unidad de acto», facilita la presencia de las partes. Todos además están próximos a León, por lo que «no ha lugar a librar exhortos para dichas declaraciones», por lo que todos ellos acudirán al Juzgado.
En el consejo de administración celebrado el 8 de enero de 2009 aprobó los créditos que refinanciaban la deuda del grupo de empresas vinculadas con Santos Llamas, entonces presidente de la entidad financiera. A pesar de que en 2006 y 2008 el Banco de España ya había advertido de la concentración de créditos en las empresas del presidente.
Los informes ratificados por los peritos del Banco de España ante la jueza señalan que la reestructuración de la deuda fue aprobada por el consejo a pesar de que «no existía una certeza razonable de que el cliente pudiera hacer frente a su pago, tal y como advirtió el Comité de Riesgos».
Además, al no declarar los réditos como morosos se permitió que Llamas permaneciera como presidente de la caja, y más tarde como consejero, hasta octubre de 2012.