El juez Velasco cree que Barazón buscó contratos ilegales y privatizar San Isidro

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, separa dos hechos clave en relación a la gestión de la estación de esquí de San Isidro y su vínculo con la operación Púnica que investiga. Por un lado, y según se desprende de los interrogatorios realizados a funcionarios de la administración provincial, considera que la puesta en marcha de la Púnica «abortó» los contratos de las dos cafeterías de la estación invernal, que se habrían rehecho para intentar favorecer a las empresas de los implicados. También apunta a una posible privatización de San Isidro «con un supuesto contrato de gestión integral y externacionalización hacia una empresa que revitalizara la zona». Según el propio juez, esta futura privatización estaría estructurada en dos partes. Por un lado, el apartado meramente turístico y, por otra, la promoción y la publicidad de la zona para atraer visitantes.

Velasco insistió en sus interrogatorios —anteayer se levantó el secreto de una segunda parte del sumario— sobre quién daba las órdenes y sobre si los funcionarios detectaron en los pliegos para contratar las cafeterías El Rebeco y Pico Agujas de San Isidro alguna ilegalidad. En una de la preguntas que realizó a los funcionarios del Palacio de los Guzmanes, citados en calidad de testigos, se revela que los pliegos de las cafeterías habrían sido requeridos por el propio presidente de la Diputación, Marcos Martínez Barazón, cuando ya estaban en el área de contratación. Posteriormente, los devolvió con correcciones en rojo realizadas con ordenador, entre las que se indicaban algunas actuaciones «ilegales», «extrañas», que contradecían «la ley de contratos» y que «no procedían de ninguna manera», se escucha en varias partes del interrogatorio.

En las modificaciones realizadas después de que el pliego pasara supuestamente por las manos del presidente se indicaba que en la futura licitación se tuviera en cuenta y se puntuaran acciones que se realizaran en materia de publicidad y de la apertura en verano para que «revitalice la estación y generen mayor afluencia de visitantes». El segundo punto modificado en el contrato que nunca se llegó a adjudicar por la irrupción de la operación policial hacía referencia a la posibilidad de una «adjudicación preferente en la próxima licitación, según los resultados y el control de calidad». Al personal de la Diputación le consta «que los pliegos se han rehecho» y a pesar de que no detectaron que salieran fuera del Palacio de los Guzmanes sí aprecian que, por la forma de hacerlos, «no los había hecho un funcionario». A pesar de que se llegaron a hacer cambios, aunque no los requeridos inicialmente y «añadiendo lo que se creía que era legal», fue la puesta en marcha de la investigación judicial la que paralizó la salida de los pliegos de las cafeterías El Rebeco y Pico Agujas de la estación de San Isidro.

En un momento del interrogatorio, a uno de los testigos se le inquiere sobre si sabía que Martínez Barazón «estaba intentando sacar los pliegos de esta manera (en relación a las correcciones)», a lo que responde que tras haber solicitado el documento y corregirlo se «entendía» que era el propio presidente quien estaba detrás de los cambios.

Contundencia

Eloy Velasco incidió sobre una posible externalización de la estación de Esquí de San Isidro y señaló un viaje que hizo uno de los imputados, Eduardo Ruiz, a León para visitar las instalaciones invernales y ver cómo se podrían revitalizar, según apuntó el juez en el interrogatorio. En las cuestiones planteadas por el magistrado también se mencionó a los implicados Manuel Selles y Alejandro de Pedro en relación a los contratos de las cafeterías.

Durante los interrogatorios también se inquirió sobre el listado de empresas a las que se convocó para optar a las concesiones en un procedimiento negociado sin publicidad y sobre los precios aunque, en este sentido, se aclaró que las cuantías «dependen un poco de la coyuntura y cada vez hay más problemas porque son menos los que se presentan».

El juez quiso saber, punto por punto, cuáles son los procesos que se siguen en la Diputación Provincial de León en materia de contratación, para intentar desvelar qué pasos se siguieron en el proceso investigado y que ha dado con la imputación, detención y encarcelamiento de Barazón en el marco de la operación Púnica. La implicación de Intervención, la fiscalización o los procesos de publicidad para las licitaciones también fueron motivo de pregunta para el magistrado de la Audiencia Nacional.

Eloy Velasco estructuró su cuestionario por fases y procesos minuciosos y, siempre en un tono contundente y directo, fue interrogando para conocer hasta qué punto habían influido las obras de la nueva cafetería El Rebeco en el devenir de los pliegos de condiciones y los tiempos en los que los fueron desarrollándose. Incluso espetó: «Vamos a hablar castellano: ¿quién decide?», «¿a quién se informó?» y reclamando siempre concreción y la mayor claridad en las fechas, que se centraban principalmente en el mes de octubre.

Los interrogatorios que han salido a la luz fueron realizados por el juez y la fiscal Anticorrupción a mediados de noviembre. El juez reclamó en éstos más documentación sobre los procesos de licitación.