Velasco imputa también en la Púnica al redactor de los contratos de San Isidro

El magistrado juez del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid reveló ayer que además de Marcos Martínez Barazón, ex presidente de la Diputación, y de Manuel Jesús López Sánchez, anterior interventor, mantiene a una tercera persona imputada por su presunta participación en la trama leonesa de la Operación Púnica y considera que los tres estaban supuestamente de acuerdo en trazar un plan para privatizar la estación de San Isidro a cambio de favorecer la candidatura del alcalde de Cuadros a la presidencia del Partido Popular en la provincia con una campaña de imagen.

«Respecto de León se revelaron datos indiciarios de un posible concierto entre Alejandro de Pedro Llorca (el conseguidor que actuaba junto a Francisco Granados, anterior vicepresidente de la Comunidad de Madrid) y los imputados Marcos Martínez Barazón, presidente, de la Diputación de León y Manuel Jesús López Sánchez, interventor, fruto del cual De Pedro trabajaría para favorecer la candidatura de Barazón (a la presidencia del PP provincial y como aspirante a repetir en la presidencia de la Diputación) recibiendo como contraprestación la adjudicación de contratos relacionados con la promoción y gestión de las pistas de esquí de San Isidro, patentizándose también la intervención del imputado Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela en la elaboración de los pliegos para asegurar la adjudicación de tales contratos a empresas específicamente creadas», señala el magistrado Eloy Velasco en su auto, fechado a día de ayer.

El apartado quinto del auto da por probada la existencia de actuaciones ilegales patentes en la Comunidad de Madrid y en la de Murcia, pero sostiene que en la parte leonesa de la trama hay «datos indiciarios de un posible concierto» entre los imputados.

El juez relaciona un listado con los 92 imputados que quedan en la trama, después de que dos personas hayan sido desimputadas y una tercera desaparezca de la causa por haber sido archivada su parte.

La lectura del auto desvela entre líneas que el hallazgo de la conexión leonesa con la operación Púnica se produjo casi por casualidad. La querella partió de una denuncia sobre la existencia de varias cuentas en un banco suizo a nombre de Granados y su mujer y de Marjaliza y su mujer «con indicios de la comisión de un eventual delito de blanqueo de capitales al no haberse justificado el origen de los fondos ingresados en Suiza o haberse utilizado el procedimiento de la compensación para realizar los ingresos en dichas cuentas».

En junio de 2014 se ordenó la intervención de las comunicaciones de las personas señaladas. Así se pudo ampliar el conocimiento del alcance de la influencia ejercida por los imputados Granados y Marjaliza hasta llegar a evidenciar «la pleitesía que les rendían determinados cargos políticos y funcionarios», entre los que se encontraba José Manuel Rodríguez Talamino, un Guardia Civil de la UCO, que conociendo de la instalación, a instancias de la Policía Judicial que lleva la investigación en esta causa, de un dispositivo de observación cerca de la sede empresarial de Marjaliza, por su intervención en la colocación del mismo, no tuvo inconveniente en revelar este extremo a Granados que a su vez alertó a su compañero, lo que conllevó que este imputado pudiese adoptar todo tipo de precauciones con el consiguiente perjuicio para la investigación seguida».

Las intervenciones desvelaron también la participación del empresario Alejandro de Pedro y Jose Antonio Alonso Conesa, antiguo alcalde de Cartagena por el PSOE. Barazón reconoce en sus declaraciones haber mantenido al menos una reunión con él. De Pedro y Conesa estaban al frente de un entramado de tráfico de influencias, manteniendo continuos contactos con Marjaliza y Granados y con autoridades públicas y políticas de las comunidades de Valencia, Murcia, Madrid y León para la adjudicación de contratos públicos o para la prestación de servicios de reputación en la red para autoridades políticas, presuntamente abonados con cargo a las arcas públicas o utilizando la existencia de contratos públicos con terceras empresas.

Un auto de 27 de octubre de 2014 acordó el cese de las intervenciones telefónicas y la práctica de entradas y registros en determinados domicilios de las personas físicas y jurídicas integrantes de la organización, incautándose importante documentación y realizado volcados informáticos «que están siendo analizados», explica Velasco. Fue ese día cuando se practicó la detención de Barazón en su despacho de la Diputación Provincial. A principios de noviembre fue interrogado el entonces interventor, Manuel Jesús López Sánchez, que por error fue citado como testigo cuando su condición desde un primer momento era la de imputado.

Respecto a los principales imputadas, el juez desgrana la fórmula que empleaban para sus actuaciones. «Como origen de las cantidades afloradas en Suiza el ministerio Fiscal constató la existencia de dudosas actuaciones y contrataciones localizadas en diversos municipios».