Los jueces decanos creen que el proyecto del papel cero en los juzgados es «propaganda»
Critican la sobrecarga de trabajo de los juzgados de lo Social, que en León están señalando juicios para dentro de 18 meses .
Luis Alberto Gómez, en su despacho de Contencioso-Administrativo 1 de León.
Los jueces decanos del país consideran que el proyecto Papel cero en los juzgados es «mera propaganda del Gobierno», califican de inadmisible la reducción a seis meses del plazo de instrucción de los asuntos habituales, entienden desmesurada la carga de trabajo de los juzgados de lo Social (que en el caso de León están señalando juicios a un año y medio vista y padecen una demora en el plazo de ejecución de hasta en un año) y solicitan que se dote de más medios a la asistencia jurídica gratuita, según el documento de las conclusiones definitivas de las jornadas de jueces decanos, que reunieron a los representantes de más de 2.000 jueces de toda España.
El decano de León, Luis Alberto Gómez, fue uno de los participantes en la reunión, que se celebró en Vigo y cuyo documento de conclusiones finales con dieciséis puntos y diez folios obra en poder de este periódico.
«El modo en el que se plantea ahora la gestión digital es insuficiente, inadecuada, meramente propagandística y ajena a las auténticas necesidades de los juzgados. La improvisación y descoordinación con la que se pretende poner en marcha el expediente digital provocará gravísimas disfunciones a menos que se dote de los medios y recursos imprescindibles», sostienen los decanos.
«Exigimos una moratoria en la implantación de la digitalización plena hasta que se solucionen las deficiencias y se puedan cumplir las previsiones legales», afirman los autores del escrito.
A criterio de los decanos el establecimiento de plazos-límite en la instrucción «es una medida de evidente carácter voluntarista que nada soluciona ni aporta y traslada la idea de que son los jueces los responsables de la lentitud de los procedimientos, cuando su causa radica precisamente en la permanente escasez de personal y medios así como en leyes anticuadas que aplicamos al proceso penal y que, gobierno tras gobierno, nadie se atreve a modernizar».
Digitalización
Las discrepancias se extienden también al ámbito de la digitalización de los expedientes. «La carrera judicial es favorable a la incorporación de nuevas tecnologías que permitan una gestión moderna y dinámica de la Administración de Justicia. Sin embargo, el modo en el que se plantea ahora la gestión digital es insuficiente, inadecuada, meramente propagandística y ajena a las auténticas necesidades de los juzgados. La improvisación y descoordinación con la que se pretende poner en marcha el expediente digital provocará gravísimas disfunciones a menos que se dote de los medios y recursos imprescindibles».
Más medios
«Sin debate, sin trabajos preparatorios, sin nuestra intervención, sin formación específica, sin medios materiales imprescindibles, con leyes sin memoria y sin incremento económico alguno, es imposible asumir la máxima de papel cero. Por eso, exigimos una moratoria en la implantación de la digitalización plena hasta que se solucionen las deficiencias y se puedan cumplir las previsiones legales».
Ley de emprendedores
Otras objeciones. «Al igual que la Ley de Emprendedores no fue más que una norma inaplicada, la Ley de Segunda Oportunidad prácticamente no está teniendo aplicación práctica a pesar de las expectativas e ilusiones generadas. Desde la entrada en vigor de la Ley en marzo de 2015, apenas se han presentado 300 solicitudes de acuerdo extrajudicial de pago como requisito previo al concurso, en toda España».
Contra los desahucios
En materia de desahucios los decanos consideran necesario «potenciar la colaboración con las administraciones públicas para que se aborde el problema de las negativas consecuencias de los desahucios de forma que el afectado disponga de la necesaria información sobre posibles alternativas y ayudas en aras a evitar situaciones de exclusión social». También critican el sistema de elección de miembros del CGPJ.