León crea un parque de vivienda para atender a las familias desahuciadas

Aunque ya se recoge en «el artículo 47 de la Constitución» que «los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el derecho a una vivienda digna», los seis grupos municipales del Ayuntamiento de León dieron ayer «un primer paso» para atender «la situación de emergencia habitacional» de familias en riesgo de exclusión. Una «necesidad» que gestionará la nueva «oficina municipal de vivienda» desde la que se centralizará un parque de alquiler, con un mínimo de 12 pisos disponibles, para familias de «especial vulnerabilidad», cuya factura por la estancia no superará en ningún caso el 30% de sus ingresos, según se aprobó en el Pleno a partir de las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios.

El parque de vivienda se nutrirá de las aportaciones de los dos fondos que ya hay creados en este momentos: el que abrió la Federación Nacional de Municipios y Provincias (Femp) con los pisos cedidos por entidades bancarias y el generado por la Junta como resultado de su acuerdo con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Con las dos administraciones ya se ha puesto en contacto la Concejalía de Servicios Sociales, dirigida por Aurora Baza, para conocer cuántas casas tienen disponibles en este momento en el municipio y solicitar su cesión de manera inmediata, así como para instarles a que «requieran a las entidades financieras y al Sareb que continúen aportando viviendas» con el fin de que se mantenga siempre un mínimo de 12 disponibles.

La oficina, que se crea «como servicio propio y no externalizable», será «la responsable a todos los efectos de conocer la situación arrendaticia de las viviendas que forman parte del parque municipal». Para cumplir con su objetivo, el nuevo ente desarrollará «la tramitación del otorgamiento» y regulará «la capacidad económica de las familias y de los alquileres», a partir de un informe de los trabajadores sociales del consistorio en el que se justificará la necesidad y se fijará el precio que tienen que afrontar las familias, siempre de acuerdo a sus recursos y sin que sobrepase el límite del 30% de sus ingresos totales.

Evitar lanzamientos

El acuerdo para la creación de la oficina, en el que no se incluyó al final la subida del IBI a los pisos vacíos de los bancos, abunda en que desde la administración municipal se impulsará la firma de «convenios con las entidades financieras que operan en nuestra ciudad con el fin de que las mismas no procedan, en ningún caso, al lanzamiento de familias de viviendas única y habitual, en el caso de que el Ayuntamiento no pueda alojarlas inmediatamente en el nuevo parque de viviendas».

La gestión de la oficina, más allá de los alquileres para las familias, servirá también para «elaborar y publicar un censo estadístico de todas las viviendas vacías en el municipio propiedad de las entidades financieras y las sociedades de gestión de activos inmobiliarios, incluida la Sareb», y para «centralizar toda la información de vivienda», con especial interés en «los posibles acuerdos que a los que la administración llegue con las entidades suministradoras de los servicios básicos».

Sobre estos acuerdos puso el acento Stop Desahucios. La plataforma, a la que puso voz en el Pleno la concejala de León en Común Victoria Rodríguez, incidió en que se debe alcanzar el compromiso de las empresas no sólo para que no haya «cortes de luz y agua» a las familias en riesgo de exclusión, sino también «de calefacción». El movimiento social agradeció el acuerdo, «aunque llegue tarde para algunos», y subrayó que es «un excelente primer paso, pero insuficiente». En este idea abundó el portavoz de León Despierta, óscar Fuentes, al insistir en que se debe continuar con «el trabajo» por parte de los políticos para «facilitar la vida de las personas».