León remite al Tribunal de Cuentas el informe sobre Serfunle
La asamblea se reúne hoy a la espera aún de 3 dictámenes.
Serfunle tiene su tanatorio en la avenida de Peregrinos.
El informe de la Interventor sobre los pagos de forma presuntamente «fraudulenta» efectuados por la mancomunidad de Servicios Funerarios de León y su alfoz (Serfunle) a su socio privado, Mémora, ya trasciende a los ayuntamientos de León, San Andrés y Villaquilambre que la conforman. El presidente, Fernando Salguero, instó ayer al interventor para que traslade copia del documento al Tribunal de Cuentas con el fin de que delimite si se cometió el «posible ilícito de administración desleal» por el abono a la mercantil privada de una cifra de más de 7 millones de euros en los últimos 11 años.
La cifra sale de la suma de los pagos del denominado canon o fee de gestión por el que Mémora ha recibido desde el año 2004 una cantidad anual superior a los 600.000 euros, calculados como el 12% de los ingresos brutos de la sociedad mixta Serfunle. Una cláusula que, como se cita en el informe del interventor, no venía reflejada en los pliegos de condiciones del concurso de adjudicación, por lo que defiende que se debería haber rechazado la oferta. Esta situación lleva a que el alto funcionario encargado de la fiscalización proponga incluso que «debería iniciarse el trámite de revisión y declaración de nulidad de pleno derecho», lo que haría que se rompiera el contrato con Mémora. Más allá de esta consideración básica, el titular de Intervención abunda en que se deben paralizar estos pagos, como ya había ordenado el presente equipo de gobierno, y que «se debería arbitrar la solución al posible reintegro de las cantidades abonadas por Serfunle SA al socio privado».
La decisión de dar un paso adelante depende ahora de la mancomunidad de León San Andrés y Villaquilambre, cuyos miembros de la asamblea conocerán hoy el informe del interventor. Aunque la actuación definitiva no se ejecutará hasta que se conozcan los otros tres informes que han sido pedidos por parte del presidente: el de la Secretaría General, que si suscribe el mismo criterio podría empujar de forma definitiva a pedir la nulidad de pleno derecho; el de los servicios jurídicos; y el del jefe de los servicios económicos. No será hasta que se emitan estos documentos cuando se volverá a someter al órgano si se inicia la vía para romper el vínculo con Mémora y se activa de forma consecuente todas las demás medidas que se recogen en el informe del Interventor. Una suma de dictámenes en la que tendrá mucho peso el criterio que se espera que emita el Tribunal de Cuentas sobre si los pagos se ajustan a la legalidad o hay que depurar alguna responsabilidad.