Defensa de la propiedad del Monte San Isidro

Ante la demanda civil interpuesta por la Fundación Sierra Pambley contra la Diputación por el uso que la institución da a los terrenos del Monte San Isidro en su día vendidos al Palacio de los Guzmanes, Martínez Majo recalcó que en su etapa al frente del gobierno provincial nadie se ha dirigido aún a él para hablar del asunto. Ya avanzó, no obstante: «Vamos a defender los intereses de la Diputación en este caso» y comunicó que habrá diálogo con la Fundación para conocer por qué han planteado la demanda y qué es lo que reclaman.

Sierra Pambley decidió llevar a la institución provincial ante los tribunales por considerar que está dando a los terrenos del Monte San Isidro usos distintos a los que le obligaba el contrato de compra-venta rubricado entre ambas partes en 1949. De acuerdo a ese documento, la Diputación debía destinar esos terrenos «a obras de la mayor trascendencia social», una obligación que, según la Fundación, el Palacio de los Guzmanes no ha cumplido.

«Nosotros consideramos que allí desarrollamos usos sociales y hay que tener en cuenta, además, que el concepto de servicio social ha cambiado desde aquel momento», enfatizó Majo. El presidente explicó que había acordado con el abogado que lleva este pleito y, además, patrono de la fundación, el senador socialista Graciliano Palomo, comenzar a dialogar. «En la demanda no cuantifican la cantidad que nos reclaman y queremos saber cuál es la pretensión de esta acción judicial».

Martínez Majo aludió al asunto después de que Matías Llorente preguntara si la Diputación iba abrir una negociación con Sierra Pambley o si finalmente habrá un pleito en los tribunales entre ambas partes.

Se trata de 133,7 hectáreas del Monte San Isidro, terrenos donde se extiende el enorme complejo San Cayetano, el propio espacio natural y las naves del Parque Móvil Provincial. La Fundación califica en la demanda interpuesta que aquella venta fue «forzosa» derivada de la acción del franquismo.