El juez ve legal que el PP aprobara en 2014 el plan de ajuste en una Junta Local

p. infiesta | san andrés

Texto a aprobación del Plan de Ajuste al que debía ceñirse el Ayuntamiento de San Andrés que efectuó el PP en solitario, en una Junta de Gobierno Local el 13 de junio de 2014, fue legal. Así lo ve el juzgado de Instrucción número 2 de la capital leonesa, que ha decretado el sobreseimiento de la causa, iniciada por el concejal del PAL, Francisco Gómez, contra el anterior equipo de Gobierno popular por prevaricación.

El documento fue aprobado aquel día por la tarde in extremis, en Junta de Gobierno Local, después de que los once concejales del PSOE, Ixsa, Pal e IU impidieran por la mañana el Pleno extraordinario donde se iba a debatir, al votar en contra de la urgencia de la sesión. Los portavoces de esos cuatro partidos consideraron que la no presencia del regidor, Gregorio Chamorro, para abordar el plan que hipotecará la vida del municipio durante las cinco próximas legislaturas, era «inadmisible» y demostraba «falta de responsabilidad, sobre todo, en un asunto tan importante».

Refinanciación

El alcalde tuvo que viajar fuera de León por «motivos personales imprevistos», según el equipo de gobierno, que esperó a su regreso a última hora para celebrar la Junta de Gobierno que dio luz verde a la refinanciación a 20 años del crédito ICO de 48 millones de euros para sufragar el endeudamiento de las arcas municipales. Según insistieron, de no aprobarse el Plan de Ajuste ese día, se abocaba al Ayuntamiento a la intervención estatal y a una drástica reducción de puestos de trabajo. Una cuestión «que quisimos evitar», expresan.

El portavoz del PAL (hoy concejal de Servicios Generales) decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía contra esa aprobación fuera del Pleno. En la denuncia, el que hoy también ostenta la concejalía de Medio Ambiente aseguraba que estos hechos podrían ser constitutivos de ilícito penal y generar graves perjuicios económicos, de índole irreparables a los vecinos de San Andrés. Algo que la magistrada que ha llevado el caso ha descartado asegurando que en dichas decisiones tomadas por el PP en el año 2014 «no existía intención de causar perjuicio al Ayuntamiento, sino todo lo contrario», por lo que procede a decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

valoración positiva

En una segunda parte de la denuncia, el PAL pedía que se investigara y depuraran también responsabilidades tras la externalización de la defensa jurídica municipal, algo que para la jueza no es ilegal, ya que aprecia que el objetivo fue poder mantener abiertas las causas en los juzgados. El PP de San Andrés ha valorado «positivamente un nuevo archivo de las denuncias de Gómez que, poco a poco, caen todas en saco roto». Para los populares, esas acciones pretendían «ensuciar la imagen del que fuera equipo de gobierno del Partido Popular, que encabezó Goyo Chamorro». El PP hizo hincapié en que todas las decisiones tomadas la pasada legislatura «lo fueron por el bien de los ciudadanos». Lamentan que todas las denuncias interpuestas en cuatro años «fueran en la misma dirección, contra quienes intentaron sacar adelante al Consistorio».