La fiscal solicita ocho años de cárcel al cabecilla de la estafa de los seguros

miguel ángel zamora | león

El Ministerio Fiscal solicita una pena de ocho años y medio de prisión para el abogado al que la acusación considera cabecilla de la estafa a diversas aseguradoras de vehículos, que según la investigación policial, llegó a defraudar hasta cinco millones de euros por el sistema de los partes falsos de accidente.

La fiscal, en el escrito de acusación que obra en poder de este periódico, considera que el procesado cometió presuntamente un delito de estafa agravada, otro supuesto delito de pertenencia a banda criminal, un tercer supuesto de blanqueo de capitales y uno más de tenencia ilícita de armas.

Para el segundo sospechoso, un funcionario de los juzgados de León, al que se acusa de actuar en connivencia con el letrado, y acusado de un supuesto delito de estafa y otro de pertenencia a banda criminal, se solicita una pena de seis años de prisión, mientras que la esposa del abogado, que a criterio de la fiscal estaba al tanto de las actividades ilícitas de su marido y se expone a una pena de dos años de prisión.

El extenso escrito de calificaciones provisionales data del mes de febrero y tiene un volumen de 90 folios. Explica que el grupo, al menos desde finales de 2008 hasta marzo de 2013, de común acuerdo y con el fin de obtener un beneficio ilícito en perjuicio de compañías aseguradoras, vino simulando siniestros de tráfico y sus consecuencias lesivas (lesiones y/o secuelas sufridas por los partícipes o alguno de ellos), creando y/o participando en una trama dirigida a conseguir fraudulentamente indemnizaciones de diversas entidades aseguradoras.

Para ello, siempre según el escrito de la fiscal, preparaban los accidentes de circulación llevando a cabo una serie de actuaciones en las que era necesario el concurso de los acusados: desde los partícipes en las simulaciones de los accidentes (o sus consecuencias lesivas), hasta los profesionales sanitarios que debían acreditar la existencia de esas lesiones o secuelas y los gastos originados por la atención o tratamientos prestados a los «lesionados», o los letrados que deberían figurar en defensa de alguno de los implicados, todo ello para aparentar verosimilitud y crear la documentación ficticia (parte amistoso del accidente, informes médicos de las lesiones, incluso de los Forenses, atención médica recibida o secuelas sufridas) necesaria para tramitar una reclamación frente a la compañía aseguradora y la consiguiente obtención de las indemnizaciones que, posteriormente, se repartían conforme a lo previamente pactado, por los datos de la fiscalía.

La fiscal considera probado que el abogado elegía los vehículos que habían de aparecer implicados, las personas de cada uno de los mismos, lugar del accidente, etc (dentro de esta operativa existen personas y vehículos involucrados en más de un accidente).

Una vez producido el accidente, asumía la defensa jurídica de los ocupantes de uno de los vehículos implicados.