LA POLÉMICA DEL ALUMBRADO
El Consultivo abre otra vía para que la Junta haga la renovación del alumbrado
El Ayuntamiento baraja como primera opción ya el concurso público aunque cabría la fórmula del convenio público
El proyecto contempla el cambio de las 19.997 luminarias de la ciudad. RAMIRO
álvaro caballero | león
Lo dejó caer Intervención, lo advirtió la Secretaría General y, por último, lo ha ratificado como dictamen el Consejo Consultivo. El órgano autonómico le ha devuelto la consulta al Ayuntamiento de León con la advertencia de que la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), dependiente de la Consejería de Fomento de la Junta, «no reúne los requisitos para ser medio propio e instrumental para poder llevar a cabo la prestación de servicios energéticos sobre las instalaciones del alumbrado público en la ciudad». Pero junto a este freno, que impide que los 20,9 millones de la reforma del alumbrado se puedan resolver por encomienda directa a la empresa pública autonómica, los ponentes reseñan que «el ordenamiento jurídico ofrece otras posibilidades, contractuales y no contractuales». La pista, que no aparece en el dictamen emitido a principios de junio en respuesta al Ayuntamiento de Segovia por un caso idéntico, abre la opción para que el Ayuntamiento pueda firmar un convenio con la Junta que tenga como objeto la eficiencia del alumbrado y, a su vez, que la administración autonómica se lo encomiende luego a Somacyl.
La circunvalación administrativa, con la que se salvaría la obligatoriedad de sacarlo a concurso público abierto en lugar de hacer la adjudicación directa a Somacyl, la advirtió ayer el concejal de Infraestructuras y Deportes, José María López Benito, al analizar el dictamen del Consejo Consultivo. Sin embargo, lejos de decantarse por esta fórmula, el edil responsable del proyecto admitió que, «aunque el dictamen deja abierta la puerta a la cooperación entre administraciones y, por tanto, se podrían explorar otras fórmulas para afrontar el proyecto, no cabe duda de que la entrada en vigor de la nueva normativa europea dificulta la encomienda de gestión con la administración autonómica tal y como estaba planteada en origen, en junio de 2015».
Esta normativa, que entró en vigor el 18 de abril de este año, es la que hace que el Ayuntamiento de León no pueda utilizar a Somacyl como un medio propio instrumental. No cabe, tal y como recalca el Consejo Consultivo, porque el consistorio de la capital leonesa «no tiene un control estructural y funcional» sobre la sociedad, análogo a otras como por ejemplo el Ildefe, ni tampoco «está acreditado que más del 80% de las actividades» se las preste a la administración municipal leonesa.
El requiebro del convenio salvaría estas pegas, ya que sería la Junta quien contratara el proyecto con Somacyl, que es una sociedad instrumental suya, y no el Ayuntamiento. Esta será la argumentación que piensa trasladar la próxima semana el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a los grupos municipales para intentar convencerles de que no hay problema. Pero, incluso desde el propio equipo de gobierno del PP, existe el miedo de que pudiera darse una denuncia por presunto fraude de ley, argumentada en que el fin es el mismo y el convenio sólo se utiliza como subterfugio, que termine por frenar el proyecto de renovación del alumbrado público. «Nuestra intención es buscar el máximo consenso en aras de lograr la vía más adecuada», dejó entrever López Benito, a quien no se le escapa que necesita como mínimo los votos de Ciudadanos para sacar adelante la tramitación con Somacyl, que se ajustaba «como un guante» a las necesidades del consistorio, ya que «permitía usar nuestros medios y establecer el concurso por lotes».
No se podrá dividir la contratación, lo que daría entrada a pequeñas y medianas empresas leonesas, si se saca a concurso público para que lo gestione una empresas de servicios eléctricos. Esta opción, que ya cuenta incluso con la redacción de los pliegos muy avanzada, impediría que fuese Somacyl, que tiene prohibido por sus estatutos entrar en concurrencia competitiva. A esta vía se apuntó ayer el PSOE, que recordó que fueron los primeros en advertir de que no se podía hacer con encomienda. «Siempre hemos mantenido que la vía idónea era el concurso público porque garantiza la libre concurrencia y abre la posibilidad del mayor número de ofertas posibles, lo que redunda no sólo en el coste sino también en las garantías de calidad del servicio», apuntó el portavoz socialista, José Antonio Diez.
