San Andrés bloquea la subida de tasas y aboca al municipio a más recortes

pilar infiesta | san andrés

La sombra de nuevos recortes y más drásticos planea desde ayer sobre el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, tras la negativa de la oposición a subir en el pleno las tasas de varias ordenanzas. El Plan de Ajuste al que debe ceñirse el Consistorio para salir de la crisis económica ‘obliga’ a hacer efectivos esos incrementos para que los servicios municipales se autofinancien, pero Ciudadanos, UPL e IU decidieron oponerse (el PP no acudió a la sesión) para «no perjudicar los bolsillos de los ciudadanos, que no son responsables de la mala gestión municipal», según indicaron.

Los tres partidos bloquearon, como ya ocurrió el pasado marzo, los cambios en los impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalías) y de construcción, instalaciones y obras (Icio). La sorpresa saltó en la votación de la tasa por suministro de agua potable y conservación de alcantarillado, ya que también emitieron su negativa, a pesar de existir una sentencia que reconoce el derecho de la adjudicataria a aplicar el nuevo precio aprobado en 2010 y que hasta la fecha no se ha repercutido en los recibos a los vecinos. Por eso, el Ayuntamiento acumula una deuda con la compañía del agua de casi seis millones de euros, a los que se sumará cada año otro millón. De haber salido adelante, el incremento real en la mayoría de los recibos rondaría entre los 4 y siete euros al mes.

El concejal de Hacienda, Santiago Blanco, recordó que desde hacía 8 años no se actualizaban las tasas y en los últimos 20 años, sólo tres veces. También explicó que estas medidas deberían haberse puesto en marcha la legislatura pasada, «y habrían sido menos traumáticas. Las traemos nosotros no porque nos gusten, sino para cumplir la legalidad». El edil sabe que al tumbar la modificación de las ordenanzas, los ajustes «serán más duros y en el capítulo de personal, ya que de los gastos corrientes ya estamos al límite y no se pueden deducir, al igual que de los financieros, al tener que devolver tres millones de los ICO el próximo año». El equipo de Gobierno valorará someter las medidas a votación más adelante.

Matizó que en el caso de la revisión de las ordenanzas que regulan la tasa de alcantarillado y la de suministro de agua potable, el pliego que dio origen al contrato con la concesionaria en el año 1996 estipula la obligación de que este servicio sea sostenible, es decir, que no genere déficit y aplica una fórmula polinómica.

IU se opuso «porque va a repercutir en los pequeños bares y servicios, no sólo en los ciudadanos». UPL, que admitió que «el agua no es muy cara en este municipio», lo rechazó porque no les parece «razonable una subida de hasta el 75% y los vecinos no tienen que pagar los platos rotos», mientras Ciudadanos entiende «que los incrementos repercutirán en las nóminas y servicios», y pidió un acuerdo con la empresa para que invirtiera en el municipio. Cuestión que ya se había acordado, ya que la adjudicataria se comprometía a dedicar a mejoras 150.000 euros.

Las ordenanzas que sí recibieron el visto bueno de los grupos fueron las que regulan la tasa por recogida de basura y los servicios de Teleasistencia y Ayuda a Domicilio.