Serfunle encarga un informe técnico para estudiar la indemnización a Mémora

álvaro caballero | león

Con el dictamen del Consejo Consultivo que resuelve la nulidad de pleno derecho, el presidente de la mancomunidad de Servicios Funerarios de León y su alfoz (Serfunle), Fernando Salguero, ratificó ayer que el único camino que queda ahora por delante es «la liquidación» de la sociedad mixta formada en el año 2003 con la empresa Mémora como socio. «Nos dan la razón. Sería ilógico hacer otra cosa», subrayó el representa público, quien recordó que fue la nueva asamblea de concejales de la capital, San Andrés y Villaquilambre quien instó a la revisión de oficio tras los informes del interventor y la secretaria que advertían de la nulidad del acuerdo por el que se escogió a la mercantil que representa el 49% del capital de la sociedad. No debería haber sido, según el juicio coincidente de los estamentos consultados, puesto que se admitió la oferta en la que se establecía el pago de un canon de más de 600.000 euros anuales —8,4 millones desde 2004 a 2015— a Mémora sin que estuviera contemplado en los pliegos del concurso.

El acuerdo, que deberá pasar por la asamblea de la mancomunidad para su ratificación y posterior comunicación al consejo de administración y al socio privado, está ahora «en manos de los técnicos de los servicios jurídicos», concedió Salguero. Estos informes tendrán como una de sus principales empeños definir las consecuencias económicas de la liquidación, después de que Mémora ya adelantara en las alegaciones ante el Consultivo su intención de percibir una indemnización no inferior a 18 millones de euros por la rotura de un contrato que le ligaba hasta 2053. Sobre este guión, «la indemnización habrá que dilucidarla vía negociaciones o judicial», citó el presidente de la mancomunidad, quien recordó que el Consultivo resuelve la nulidad del acuerdo, aunque sin embargo, amparado en los pronunciamientos anteriores del TSJ y el Tribunal de Cuentas, asienta que el pago del canon no supone administración fraudulenta, sino que infiere que «la gestión empresarial ha sido correcta, limpia y con una prestación de servicios óptima».

Aunque mientras se procede a la liquidación «la gestión empresarial diaria seguirá como hasta ahora», Salguero fue cauto al conceder que «es muy pronto» para resolver con qué forma jurídica afronta Serfunle el futuro. «El abanico es el que tiene la ley», citó, en referencia a un nuevo concurso o la municipalización.

No esperaron a estos informes el PSOE, ni León en Común, que se aprestaron ayer a reclamar la municipalización del servicio. El portavoz de los socialistas, José Antonio Diez, insistió en que «la gestión directa serviría para un mayor control sobre los servicios funerarios pero, sobre todo, para prestar un mejor servicio a los leoneses con un menor coste directo e indirecto para ellos». «Se trata de una finalización de contrato que, aunque no se produzca por el final de la concesión inicialmente fijado, abre una vía para una nueva gestión que, desde nuestra perspectiva, ha de ser directa huyendo ahora de cualquier semi-externalización o privatización», apuntó el líder del PSOE, que durante sus épocas de mandato mantuvo la gestión de la sociedad mixta, pero que ahora se acoge a la fórmula adopta de manera reciente por otros consistorios como Madrid.

Diez también pidió «nuevos informes técnicos y jurídicos que confirmen en qué situación se encuentra el proceso de disolución de la sociedad». El concejal socialista reseñó que «existen diferentes criterios sobre si debe o no revertirse el canon pagado durante años al socio privado y que ha sido el desencadenante de esta nulidad», después de que fuera «un error o, al menos, una decisión técnica lo que llevó al pago de este canon».

Más categórico fue León en Común. La formación exigió «responsabilidades por este dinero que se ha pagado ilegalmente», dado que no consideró «casualidad que el funcionario que firmó este pago fuera de las cláusulas del contrato fuera a su vez secretario de la patronal de funerarias». No se quedaron aquí, sino que incidieron en que se reclame a Mémora que «devuelva el dinero cobrado ilegalmente y al equipo de gobierno del PP que haga todo lo que esté en su mano, incluso por vía legal, para que los 8,4 millones del canon sean restituidos». No desaprovecharon la oportunidad para solicitar a todos los partidos políticos, representados en los tres ayuntamientos, que «apuesten por una gestión 100% pública del nuevo servicio que surja a raíz de este proceso».