CC OO y Celada llevan a Renfe y Transervi ante Competencia por crear un monopolio

maría j. muñiz | león

Dos años ha tardado en resolverse definitivamente la batalla emprendida por CC OO contra la situación laboral de los trabajadores de Transervi en los talleres de Renfe de León, que desde los primeros informes de la Inspección de Trabajo se calificó como cesión ilegal y que ahora ratifica el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Obligan además a Renfe a readmitir a los trabajadores, revisar su situación contractual y de convenio y resarcirles económicamente.

Un caso que ha trascendido ya al resto de los talleres de Renfe con adjudicaciones a Transervi en otras ciudades, donde empiezan a presentarse recursos en la misma dirección. La situación afecta a una treintena de trabajadores en León, y más de un centenar en el conjunto del país.

Sin embargo, la revisión de la relación entre Transervi y Renfe puede dar un paso más allá. CC OO, que ha llevado a cabo todo el proceso de reclamación de los derechos laborales por la vía social, apoya ahora a Talleres Celada en una denuncia presentada ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por considerar que ambas empresas «vienen alterando, consciente y deliberadamente, la libre competencia entre las empresas ferroviarias, con el conocimiento exacto de sus miembros directivos»; y tratan de «monopolizar toda la actividad ferroviaria» del país.

relación empresarial

Transervi es una filial del grupo Transfersa que presta servicios de mantenimiento ferroviario. Está participada al 20% por la propia Renfe, y según el sindicato gestionada por antiguos directivos de la empresa pública. Ha resultado adjudicataria de millonarios concursos públicos de mantenimiento, que han dejado fuera del mercado a los cinco talleres privados que tradicionalmente realizaban este servicios en España. Entre ellos Celada, en León, que desde hace dos años atraviesa graves problemas económicos y ha tenido que prescindir de casi toda su plantilla.

Lo que de momento ha probado el proceso administrativo y judicial seguido por CC OO es que Transervi realizaba una cesión ilegal de trabajadores a Renfe, y que su actividad se limitaba a contratarlos (por el convenio de Transportes, con la consiguiente pérdida salarial sobre el Convenio Siderometalúrgico que les correspondía). Y que tanto su formación como el material que utilizaban para su trabajo lo aportaba Renfe, en cuyos talleres desarrollaban la actividad.

El proceso se inició en agosto de 2014, con una denuncia ante la Inspección de Trabajo de León que advertía de la cesión ilegal de trabajadores que se estaba produciendo, y de la no aplicación del convenio que les correspondía. Unos hechos que se trasladaron también a la Subdelegación del Gobierno, la Delegación de la Junta y la Consejería de Fomento; advirtiendo ya entonces el sindicato sobre la legalidad de las adjudicaciones a una empresa participada por la propia Renfe.

En diciembre de ese año la autoridad laboral leonesa emitió un informe en el que se reconocía que la actividad de los trabajadores de Transervi es la propia de los talleres de Renfe (soldadura, revisión, pintura,..) y que las tareas se realizaban indiferentemente entre los trabajadores de esta y los de Renfe. De hecho, la actividad de Transervi se limitaba a contratar a los trabajadores.

En marzo de 2015 la Inspección de Trabajo reconoció también que los trabajadores realizaban trabajos propios del sector del metal, por lo que debía aplicárseles este convenio. La diferencia salarial representaba unas mermas de entre 20 y 256 euros mensuales, según la nómina y la categoría.

Recursos

Tanto Renfe como Transervi recurrieron ante la Dirección General de Trabajo, que finalmente el pasado mes de agosto desestimó estos recursos, por considerar que los trabajadores de las dos empresas realizaban indistintamente los mismos trabajos, la mayor parte de los medios de producción son de Renfe y los empleados de Transervi se formaban en los talleres de Renfe.

Informes que ratificaron la cesión ilícita de trabajadores, por lo que la directora general de Trabajo imponía una multa de 6.251 euros a cada una de las empresas por «comisión de una infracción muy grave».

Esta resolución ponía fin a la vía administrativa. Pero paralelamente las demandas de algunos trabajadores afectados han seguido también la vía en los juzgados de lo social.