Más medios y menos mitos para acabar con la lacra
La sección de Mujer plantea a Herrera 70 medidas para mejorar la atención a las víctimas y las asociaciones combaten los falsos mitos.
ana gaitero | león
Más medios para afrontar el problema y menos mitos para acabar con una lacra que no cesa salen a relucir en la provincia de León con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género.
Un total de 70 medidas para mejorar la atención desde la administración pública han sido trasladadas al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, por el jefe de la sección de Mujer en León.
«En los últimos años asistimos al aumento del número de las mujeres (e hijos) asesinadas o víctimas de las violencias machistas, lo que delata el auge de la letalidad de las agresiones y la desprotección», subraya Quinidio Martínez haciendo un llamamiento a la «responsabilidad pública».
En este sentido reivindica el «incremento de recursos materiales» y una dotación de personal público dedicado al problema que triplica las dotaciones actuales del funcionariado en Castilla y León. En el caso concreto de León pide tres puestos de trabajadores sociales de nueva creación, un educador social, un abogado y un puesto de auxiliar administrativo a mayores del actual.
La reapertura del Centro de Emergencias de Salamanca para víctimas de violencia de género que dé cobertura también a las provincias de Ávila y Zamora entre las medidas prioritarias as propuestas prioritarias
Asimismo, plantea la creación de una red pública de casas de acogida en cada capital de las nueve provincias «que desarrollará las competencias de un centro de atención integral, con atención presencial las 24 horas del día y funciones de acompañamiento a las mujeres» a todas las entidades involucradas en la ayuda.
En este contexto solicita la creación de una casa de acogida de ámbito autonómico especializada en mujeres con problemas de salud mental y otra para embarazadas. También pide un reglamento único para todas las casas e incremento de personas en las ya existentes para la atención directa, presencial y de acompañamiento durante las 24 horas. El informe reclama programas de apoyo, seguimiento y empoderamiento en los procesos de «autonomización de las mujeres a su salida de las casas».
Quinidio Martínez propone que la asistencia terapéutica a las víctimas sea prestada con antelación a la denuncia y también entre la formalización de la misma, el juicio rápido y el ordinario. Para reforzar el apoyo a las mujeres del mundo rural sugiere que se firmen convenios con ayuntamientos y diputaciones a fin de que presten locales idóneos para llevar a cabo las terapias «cuando las víctimas no puedan desplazarse».
La batería de medidas incluye otro paquete de índole económica con una modificación de la renta garantizada de ciudadanía para hacerla más accesible a las víctimas de violencia de género. También incluye ayudas de 1.500 euros para la inserción laboral de estas mujeres, como se hacía antes de la crisis con el Plan Dike.
Martínez cree que los Puntos de Encuentro Familiar también deben ser de titularidad y gestión completamente públicas y plantea que se cree uno en cada localidad de más de 15.000 habitantes.
Otro frente de lucha de la violencia de género en el que están las asociaciones de mujeres es el de la erradicación de los falsos mitos como que hay muchas denuncias falsas, que los hombres están indefensos o que la ley integral vulnera el principio de presunción de inocencia. «Llevamos 12 años con la Ley Integral contra la Violencia de Género en España, una ley que a pesar de necesitar una reforma, es referente en el resto de países de mundo» y ha inspirado el Convenio del Consejo de Europa, señala la Asociación Leonesa de Mujeres Simone de Beauvoir.
