IU confía en que se abra juicio oral a los exconsejeros de la Caja durante este año

dl | redacción

El portavoz de IU-Equo en las Cortes, el salmantino José Sarrión, expresó ayer su esperanza en que a finales de año el juzgado de Instrucción de León que investiga un delito de administración desleal cometido por el antiguo consejo de administración de Caja España abra juicio oral contra los imputados.

En una rueda de prensa ofrecida ayer en la sede del Gobierno autonómico de Valladolid, Sarrión ha denunciado en varias ocasiones las «numerosas irregularidades» que se produjeron en la concesión de varios créditos bancarios a empresas del entonces presidente de la entidad financiera, Santos Llamas.

Irregularidades que llevaron a IU y a Ecologistas en Acción a presentar una denuncia en el año 2011, ya que Caja España había destinado «más de 70 millones de euros» a financiar empresas del propio presidente de Caja España y que contaron con la «aquiescencia y complicidad» del PP y el PSOE, presentes en las Cajas.

Operaciones que también contaron con el «voto unánime» de los miembros del consejo de administración de la entidad, diecisiete personas que hoy están siendo investigadas y entre las que se encuentra el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, entre otros.

29 operaciones

En concreto, el portavoz ha informado de que se produjeron 29 operaciones de financiación a estas empresas con un valor de 67,9 millones de euros a un riesgo vivo de 57 millones, por parte de Caja España, y por parte de Caja Duero, 17 operaciones por valor de 8,8 millones de euros y un riesgo vivo de 3,3 millones.

Una financiación calificada por los propios analistas de las entidades financieras como «de riesgo» en sus informes, que fueron «ignorados» en los consejos de administración donde se decidió conceder estos créditos después de se destinara «más de 520 millones» de dinero público para la fusión de Caja Duero y Caja España, ha recordado.

hasta el final

Por estos hechos, Sarrión ha clamado que su partido «va a llegar hasta el final» para esclarecer lo ocurrido, tanto a nivel judicial como político, ya que hace menos de una semana la oposición en bloque se unió para registrar la petición de creación de una comisión de investigación sobre la desaparición de las cajas de ahorros en Castilla y León.

También en la jornada de hoy, uno de los abogados de IU-Equo que lleva el caso, Alberto López, ha reiterado que, si no se abren más diligencias, el juez no debería «tardar mucho» en abrir juicio oral, pues las pruebas de que existieron «claras irregularidades» son «más que evidentes».

Unos actos que podrían ser constitutivos de delitos de «administración desleal, apropiación indebida y de tráfico de influencias», ha sentenciado el letrado que representa la acusación popular que ha llevado adelante este caso.