Diario de León

TRIBUNALES

El TSJ da la razón a la Junta para no pagar el IBI del Centro del Fuego

Siete años de recursos por los matices sobre el carácter «formativo o educativo» del aula

El Centro para la Defensa contra el Fuego está ubicado en Eras de Renueva. QUINTANA

El Centro para la Defensa contra el Fuego está ubicado en Eras de Renueva. QUINTANA

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m. j. m. | león

La Junta de Castilla y León no tendrá que pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por el Centro para la Defensa contra el Fuego, ubicado en Eras de Renueva, tras desestimar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León un recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de León, que sigue un largo pulso judicial por este asunto. Un procedimiento que se inició en 2010, cuando la Junta solicitó la exención del IBI para el inmueble de su propiedad, que fue desestimado por el equipo municipal y recurrido por el Gobierno autonómico.

El 14 de febrero de 2011, con un decreto del concejal delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento (entonces el socialista Miguel Ángel Fernández Cardo) desestimó la petición de la Junta, y ésta presentó un recurso contencioso-administrativo cuya sentencia se resolvió el pasado 28 de octubre el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León.

Recursos

El Ayuntamiento presentó encontes un recurso de apelación ante el TSJ contra la sentencia. Recurso que el Tribunal Superior desestima, y confirma «en su integridad» la sentencia recurrida. Frente a esta decisión cabe aún recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo o ante la Sección de Casación del Tribunal de Justicia de Castilla y León.

El Ayuntamiento de León solicita en todo caso que la petición de exención del impuesto por parte de la Junta se solicite anualmente, lo que tampoco reconoce la sentencia.

En todo caso, la polémica sobre si el Centro del Fuego debe pagar el impuesto o no se centra en matices sobre el cáracter ‘educativo’ de la actividad que desarrolla. Un carácter en el que no están de acuerdo en el Ayuntamiento y en la Junta, aunque de momento las resoluciones judiciales dan la razón a los argumentos del Gobierno autonómico.

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