Las administraciones locales invierten casi tanto como la Junta en León durante la crisis

maría j. muñiz | león

El reparto de pequeñas obras públicas en una provincia con enormes necesidades por características específicas como el elevadísimo número de entidades administrativas locales, dispersión poblacional y administrativa, complicada orografía, envejecimiento y despoblación, ha sido protagonizado durante los años de recesión económica en buena parte en las administraciones locales y provinciales. La inversión pública en sus números más llamativos ha estado centrada desde 2005 en macroproyectos como las líneas de alta velocidad o en el interminable entramado de infraestructuras de regadío en el sur de la provincia; además del inacabable goteo de inversión en carreteras, mucho más abultado en conservación y mantenimiento que en nuevas obras, como corresponde a una provincia con dimensión territorial tan abultada como compleja.

El Gobierno central anuncia ahora un ‘plan de choque’ inversor al albur de los optimistas datos macroeconómicos de avance del PIB y las previsiones, que resarzan al empresariado constructor de más de un decenio no sólo de recortes a cuenta de la exigida austeridad inversora, sino de contención de gasto como símbolo de lo que no debe repetirsse.

Lo cierto es que durante los últimos doce años, diez de ellos enroscados en la aún por resolver crisis económica, las pequeñas obras repartidas por Diputación y ayuntamientos locales han supuesto uno de cada cuatro euros invertidos en obra pública en la provincia. Las administraciones locales han financiado obras públicas en este período por casi 911 millones de euros. En los mismos doce años la administración autonómica, para atender a todas sus competencias, contrató obra pública (incluida edificación) en la provincia por menos de 1.022 millones de euros, apenas un 10,8% más. La Administración central, volcada en el impulso a la línea ferroviaria de alta velocidad y el avance de los regadíos, además del resto de los proyectos competidos con la provincia, adjudicó contratos por 2.136 millones de euros.

En grades cifras, desde 2005 dos de cada cuatro euros destinados a obra pública en la provincia fueron invertidos por el Gobierno central, con la línea ferroviaria de alta velocidad y los proyectos de regadío del sur de la provincia como grandes protagonistas. El Ejecutivo autonómico gastó en esta época de dificultades uno de cada cuatro euros de los que se invirtieron en León, con la conservación de carreteras y los gastos hidráulicos (depuradoras y saneamiento) como grandes proyectos.

El pulso del resto de la inversión, de la que se beneficiaron sobre todo las pequeñas empresas locales, corrió a cargo de ayuntamientos y Diputación. Recursos que, afectados como los demás por la resolución de la deuda acumulada y el límite de gasto público, y atrapados en unas reglas presupuestarias coartadas por los límites de gastos impuestos, han sido capaces de sostener una cuarta parte de la inversión pública en la provincia durante todos estos años de dificultades.

Los datos de contratación pública de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, refrendados por la Asociación Leonesa de Edificación y Obra Pública (Aleop), son claros: desde 2005 la licitación pública en la provincia suma casi 4.068 millones de euros, de los que los grandes proyectos financiados por el Estado (sobre todo alta velocidad y regadíos) suman 2.136 millones.

El reparto

En este período las inversiones de la Junta de Castilla y León en la provincia acumulan en proyectos contratados casi 1.022 millones de euros, la mayor parte de este presupuesto destinado a mantenimiento de la gran red de carreteras y a las obras hidráulicas y de saneamiento. La Diputación y los ayuntamientos de la provincia han pagado en este mismo período de tiempo obra pública por casi 911 millones de euros, atendiendo necesidades que tanto en infraestructuras como en exigencias asistenciales se multiplican en una provincia como León.

Con una particularidad: en los dos últimos años, cuando un gasto público atrapado en prórrogas presupuestarias y exigencias de cumplimiento de déficit parece que pone freno al despegue generalizado de la obra pública, son precisamente las administraciones locales (ayuntamientos y Diputación) las que tiran del carro de la obra pública en la provincia. Una obra que redunda en las pymes locales, que intentan recuperar el hueco que les ‘comieron’ las grandes constructoras nacionales en tiempos de escasez generalizada de obra.

Diputación y ayuntamientos han mostrado en los últimos meses su voluntad de apostar por las pequeñas empresas locales del sector en la adjudicación de una obra pública que repunta. La patronal defiende la recuperación del terreno que corresponde a las pequeñas empresas del sector en estas obras locales, algo que sólo puede reconquistarse desde la reactivación de los grandes proyectos inversores que ocupen a las multinacionales del sector.