el drama de la vivienda
El caso de los okupas de La Lastra evidencia la falta de vivienda social
Los servicios sociales del Ayuntamiento inspeccionarán hoy. las condiciones de vida de los extranjeros que residen hace un. mes en un edificio tras haber sido denunciados por la Policía Local.
Imagen exterior del número ocho de la calle Juan Pablo II, en La Lastra, donde ayer a mediodía podían verse varios ventanales abiertos. JESÚS F. SALVADORES
A. G. Puente | león
Las bolsas de pobreza endémica que la larga crisis ha generado en la capital y la falta de solución al acceso a un espacio para vivir cuando los recursos de los más necesitados terminan, y ya no pueden hacer frente al pago del alquiler de un piso, evidencia la falta de viviendas sociales para atender emergencias de familias. Tal y como denuncia la plataforma Stop Desahucios, la Junta no cuenta en León con viviendas suficientes disponibles para poder atender las necesidades de aquellos que sólo pueden pagar un alquiler social.
«Los que okupan no lo hacen porque quieran vivir gratis, sino porque no pueden acceder a una vivienda», remarca la portavoz de Stop Desahucios, María Jesús López. La plataforma también denuncia que la lista de espera para acceder a una vivienda social es «enorme» y que no se han cumplido los fines del acuerdo firmado entre la Junta y la Sareb en 2015 para disponer de las viviendas libres para el alquiler social.
López subraya que los okupas de media docena de pisos del número 8 de la calle Juan Pablo II, en el polígono de La Lastra, no se han dirigido en ningún momento a la plataforma en busca de ayuda. Veintidós latinoamericanos y magrebíes, con niños también en el grupo, llevan un mes residiendo a la vuelta de la esquina de la avenida Fernández Ladreda, a pocos metros de la rotonda de José Aguado, en unas viviendas nuevas con materiales de alta calidad en una zona residencial prácticamente vacía por la crisis del ladrillo.
Accedieron a estas viviendas, según ellos mismos han relatado a este periódico, después de pagar por sus llaves entre 200 y 350 euros a un intermediario, que previamente había entrado por la fuerza en el bloque de diez pisos. Allí reventó una a una todas las cerraduras, instaló las nuevas y contactó con personas en situación desesperada en busca de una vivienda para vender las llaves. Los okupas aseguran que llegó a recaudar con todos 1.100 euros.
La Policía Local ya denunció la situación en los juzgados y comunicó al Ayuntamiento la presencia en el número 8 de Juan Pablo II de familias con niños en viviendas okupadas.
La concejala de Servicios Sociales, Aurora Baza, confirmó ayer que hoy mismo una asistente social visitará e inspeccionará una a una las seis viviendas okupas para comprobar las condiciones de habitabilidad de las 22 personas que allí residente, conocer sus necesidades y las circunstancias de los más pequeños.
«No se han acercado a ninguno de nuestros Ceas para solicitar ayuda, ni aparecen en nuestro programa que alberga todos los datos de las personas que atendemos o precisan atención». Si la asistenta social lo considera, la siguiente visita será la del servicio de menores, de haber riesgo de desprotección y desamparo.