«El Ayuntamiento no puede hacer nada más»
El vicealcalde y edil de Seguridad explica que la denuncia está en el Juzgado y la Subdelegación informa que no ha sido requerida la intervención policial .
La inspección de la Brigada Especial de Seguridad Ciudadana de la Policía Local data del 8 de julio, un día después de que los okupas accedieran a seis de las diez viviendas del número 8 de la calle Juan Pablo II. Tras las revisión ocular de la zona y la identificación de los residentes, los agentes levantaron la correspondiente acta una vez que leyeron a los recién llegados los derechos que les asisten, lo mismo que hicieron con los denunciantes. Las diligencias fueron posteriormente trasladadas a los Juzgados de la capital, donde actualmente continúa la investigación. «El Ayuntamiento ya no puede hacer nada más, ahora ya se hace cargo el juez», reconoce el vicealcalde y concejal de Seguridad, Fernando Salguero.
Mientras, fuentes de la Subdelegación del Gobierno manifiestan que agentes de la policía nacional acudieron, igualmente, al edificio okupado y que el asunto fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial. Por ahora, desde los Juzgados no se ha requerido la intervención policial para desalojar este edificio.
En estos momentos, existen dos denuncias por la vía penal contra los okupas. Por una parte, la interpuesta por la promotora del edificio, Docsa y no Bocsa como por error publicó ayer este periódico, para conseguir el desalojo del inmueble por ocupación ilegal de las viviendas. Y por otra parte, la denuncia de la propia comunidad de propietarios de los cuatro bloques colindantes al número 8 de la calle Juan Pablo II por los daños causados por los okupas.
En el escrito de denuncia presentado en los Juzgados por el abogado de la comunidad, Pablo García Prieto, refleja una enumeración de los principales daños causados a los vecinos por los okupas. Entre ellos, hace referencia a los sufridos en elementos comunes, como el forzado de cerraduras en el cuadro de mandos del ascensor, el cuarto de contadores de luz y el de contadores de agua. También la comunidad llama la atención sobre el hecho de que los okupas han conectado el agua ilegalmente a sus viviendas y «han provocado fuertes inundaciones en los elementos comunes, provocando daños en techo, suelo y forjados, ya que el agua se ha filtrado desde estos pisos hasta el segundo sótano del edificio». Es el lugar del párking, con la llegada de agua también a los vehículos.
De momento, la comunidad de propietarios no cuenta con un informe que cuantifique económicamente los daños.