«No tenemos los instrumentos adecuados para combatir el fraude»

maría j. muñiz | león

Llegó hace cuatro décadas a la Inspección de Trabajo de León y desde su segundo año ha sido jefe del servicio. Es ‘el decano’ en España. En febrero solicitó el cese en su cargo y desde el pasado día 1 le sustituye Carlos Iglesias Alonso. «Es la persona idónea para ocupar el puesto». Él seguirá trabajando, porque le han concedido la prórroga, pero abandona el cargo al cumplir los 65 años. Asegura que las mayores satisfacciones han sido mediar para resolver conflictos, «como en aquellas huelgas de los años 80»; y sobre todo cuando alguien va a verle para agradecerle la ayuda. «Eso ocurre muy pocas veces». Le gustaría que le recordaran como «una persona muy trabajadora, cercana a todo el mundo y de una tremenda honestidad. Sin honestidad no habría permanecido tantos años en el puesto». En el despacho que ocupa desde principios de este mes es «un inspector más, a las órdenes del jefe».

— En estos años se han producido cambios normativos, ¿cuáles considera más importantes?

— Empecé a trabajar antes de que se aprobara la Constitución, cuando se estaban legalizando las organizaciones patronales y los sindicatos. Ha evolucionado mucho, sobre todo con la crisis en normativa sobre legislación laboral. En prevención de riesgos lo que ha cambiado es la sensibilidad de empresas y trabajadores. Aunque todavía nos queda mucho que avanzar.

— ¿Qué queda por hacer en esta evolución normativa?

— Un marco jurídico adecuado que nos permita perseguir situaciones de fraude. La Inspección no es más eficiente porque no tiene instrumentos suficientes para perseguir esas situaciones. La precaridad laboral, la utilización de contratos para formación, o a tiempo parcial,... El fraude está generalizado y sabemos dónde está el problema y cómo combatirlo, pero no tenemos los instrumentos jurídicos adecuados.

— ¿Qué herramientas necesitarían para frenar esos fraudes?

— El Gobierno sabe perfectamente lo que necesitamos. Cambiar algunos preceptos del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social.

— Se relaciona también esta situación con la falta de personal.

— Todos los inspectores son pocos, pero hay que reconocer que el Gobierno ha hecho un esfuerzo enorme por mantener las plantillas de inspección. En el personal de apoyo sí hemos sentido la pérdida de efectivos, pero en inspectores y subinspectores no.

— ¿Cómo han evolucionado las actuaciones de la inspección?

— Inicialmente éramos tres inspectores, que actuábamos sin planificación. Eran los años de la transición política, había una tremenda conflictividad social, y la práctica totalidad de nuestras actuaciones eran mediaciones en conflictos y huelgas. Éramos como bomberos apagando fuegos. Hoy casi el 80% de nuestras actuaciones están planificadas y organizadas desde el ministerio.

— ¿Su planteamiento incide más en la advertencia o en penalizar conductas irregulares?

— Es necesario buscar un equilibrio, y saber dónde se está, con qué empresario se está tratando. Los inspectores tenemos conocimiento y experiencia suficiente para saber en qué momento tenemos que advertir y requerir o iniciar un procedimiento sancionador. Hay que ver cada caso, y tener cintura y mano izquierda.

— Durante la crisis ¿ha advertido una relajación en la salud laboral, o de contratación?

— Se ha incrementado la utilización abusiva y fraudulenta de las modalidades de contratación, clarísimamente. En el cumplimiento de las normas de riesgos laborales creo que no. La siniestralidad ha bajado, pero no por una mayor concienciación, sino porque había menos empleo.

— Las reformas que ahora se plantean, como la reducción del número de contratos, ¿ayuda a controlar este fraude?

— La reducción de las formas de contratación se utiliza de forma equívoca por los políticos. Ahora hay 50 ó 60 modalidades, no cinco como se dice, así que no sabemos cuál es el alcance de la reforma que se plantea. No es un problema tanto de las modalidades que haya, sino de la utilización que algunos hacen de ellas.

— La colaboración con los agentes sociales se ha reforzado de manera importante.

— Estoy muy orgulloso de la colaboración con los sindicatos. Esta siempre ha sido una oficina de puertas abiertas, la colaboración se ha dado manteniendo las discrepancias lógicas. Tiene que haberlas, sino algo estaría funcionando mal. He apreciado siempre un tremendo respeto de los sindicatos hacia la Inspección de Trabajo, y eso es un motivo de satisfacción.

— ¿En qué sectores de actividad se produce un mayor número de fraudes?

— En León no tenemos un tejido industrial importante. Los fraudes se dan en mayor medida en hostelería en la contratación y altas a la Seguridad Social, también el agricultura en temporada, en comercio,... En los servicios en general. Y en cuanto a prevención de riesgos laborales es sin duda la construcción, junto con el pequeño sector siderometalúrgico, donde hay más irregularidades.