Investigación policial y vigilancia municipal

Nada más que recibieron la voz de alarma de los vecinos, en el primer instante de la okupación, la Policía Local levantó acta de la situación, tras identificar a todos los nuevos residentes e informarles de los derechos que les asistían. Pese a la insistencia vecinal para que se forzara un desalojo, el Ayuntamiento reiteró una y otra vez en verano que no podía desalojarse a nadie sin la correspondiente orden judicial.

Ante la fundada sospecha de que se trataba de una mafia organizada la que había llevado hasta allí a los okupas tras reventar las cerraduras y venderles las llaves de las viviendas, se puso en marcha una investigación policial para esclarecer los hechos y dar con los culpables.

Los servicios sociales del Ayuntamiento visitaron a las familias para comprobar el estado de los menores y comprobaron que todos ellos estaban escolarizados.

A pesar de encontrarse sin trabajo y en una situación precaria, los okupas no habían solicitado prestación alguna para su subsistencia.