León perdió uno de cada diez empleos públicos en 7 años
Los trabajadores se concentran hoy para exigir la recuperación salarial.
maría j. muñiz | león
La provincia ha perdido uno de cada diez empleos públicos que tenía hace siete años, un porcentaje que se sitúa muy por encima del descenso del personal en las administraciones públicas en el conjunto del país. Admás, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado retrasa la recuperación de parte del poder adquisitivo perdido durante la recesión económica. Ante la falta de medidas que permitan mejorar los servicios públicos y las condiciones de sus trabajadores los sindicatos UGT y CC OO inician una campaña reivindicativa que como primer paso convoca mañana una concentración ante la Subdelegación del Gobierno.
La campaña (bajo el lema ‘¡Ahora salarios, empleo público y derechos!’) exige al Gobierno que reabra la Mesa general de Negociación de las Administraciones Públicas, para que se inicie de inmediato la recuperación no sólo del empleo perdido durante la crisis, sino también del poder adquisitivo de los empleados. «Debe reconocerse el esfuerzo que se nos ha exigido para contribuir al equilibrio presupuestario y la reducción del déficit público; así que exigimos el reconocimiento de la deuda salarial que han contraído con los trabajadores del sector público». Por eso reclaman que se inicie una progresiva recuperación, con cláusula de garantía salarial. Piden «recuperar el 5% hurtado en 2010 y un 8,8% de pérdida que han tenido entre 2010 y 2016; además de garantizar una subida salarial por encima del IPC.
Además los representantes sindicales reclaman que se retome la negociación del Estatuto Básico del Empleado Público, para negociar cuestiones como el derecho a la carrera profesional, la jubilación parcial, la movilidad interadministrativa,...
Junto con estas medidas los sindicatos exigen «una mejor dotación presupuestaria en capítulos imprescindibles, como la sanidad, educación, servicio sociales y dependencia». Así como que se retome la inversión en infraestructuras, como fórmula para la vertebración de los territorios. Lo que permitiría además prestar los servicios públicos de calidad a los que tienen derecho todos los ciudadanos.
Las exigencias de las centrales sindicales pasan por eliminar la tasa de reposición, para que haya plantillas suficientes «que garanticen servicios públicos eficientes y eviten la sobrecarga de trabajo y la precarización del empleo».