El 155 para la memoria de dos familias leonesas

manuel c. cachafeiro | león

La asociación Salvar el Archivo de Salamanca ha reclamado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que se aplique el artículo 155 de la Constitución, igual que con el tesoro de Sijena que la Generalitat tiene que devolver al Gobierno de Aragón por orden del ministro de Cultura, para documentos del Archivo de la Guerra Civil que salieron «indebidamente» para Barcelona durante varios años, entre ellos carnés y papeles de dos familias leonesas.

En una carta a la número dos del Gobierno, con copia para el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, esta entidad lo pide en base a las sentencias y requerimientos que se han producido en los últimos años, con un alegato final: «Sólo conociendo la fecha exacta en que devolverán sus documentos acabará el dolor». Policarpo Sánchez de la Iglesia, su presidente y firmante de la solicitud, lleva años en esta batalla casi personal para que se restituya la integridad de esta institución salmantina, ahora reconvertida en Centro de la Memoria Histórica, y que en su día se convirtió en blanco de una guerra no sólo judicial sino también política, por el apoyo del gobierno de Zapatero a la reclamación de la Generalitat.

En total, esta asociación solicita la vuelta de más de 400.000 documentos, muchos de ellos de organizaciones desaparecidas y que, según Policarpo Sánchez, no deberían haber salido nunca del centro salmantino.

En el caso leonés, se trata de una treintena de documentos incautados en Gijón que estaban guardados en una de las 724 cajas sacadas el 20 de julio de 2011, con autorización del Ministerio mediante una orden publicada el día anterior en el Boletín Oficial del Estado.

REQUERIMIENTOS

La documentación hace referencia a dos familias, una de León capital y otra de Astorga, cuyo nombre Policarpo Sánchez prefiere obviar por no tener autorización expresa de los interesados, aunque sí desvela que ambos podían tener relación. Entre la documentación enviada ese día a Barcelona figuran dos carnés de la UGT y cartas relativas a la actividad sindical en el teatro Alfageme de León y la sala Velasco de Astorga.

En la misiva a la vicepresidenta del Gobierno, Policarpo Sánchez recuerda que existen hasta cinco requerimientos al gobierno catalán por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte «reclamando el cumplimiento de la sentencia y, en definitiva, del ordenamiento jurídico, sin que tuviera respuesta». «Nadie podría comprender que mientras se mantenga en vigencia el artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña, el Gobierno de España no cumpla lo que exigió cumplir a la Generalitat de Cataluña», señala también el presidente de este colectivo en la carta dirigida a Soraya Sáenz de Santamaría, a la que ha tenido acceso este periódico. Policarpo Sánchez pone como fecha para esa devolución el 21 de diciembre, día de las elecciones autonómicas convocadas por Mariano Rajoy.

El conjunto de los documentos —los más de 400.000 papeles— fueron requeridos a la Generalitat el 12 y el 23 de julio de 2013, y se le volvió a pedir el 5 de diciembre de 2014 y el 3 de marzo de 2017. Además, el Senado instó al Gobierno este año, en una sesión celebrada el 24 de abril, «a que exija a la Generalitat de Cataluña la inmediata restitución al Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, de los documentos no restituidos a sus legítimos propietarios».

La documentación de esas dos familias leonesas está incluida en un paquete que tiene también legajos de Valencia, Murcia, Madrid, Asturias y Aragón. «Los gobiernos de Astur Mas y Carles Puigdemont se apropiaron lo del resto de españoles, vulnerando la Ley y causando sufrimiento a familias y entidades de Zaragoza, Valencia, Totana, Teruel, Oviedo, Murcia, Madrid, La Unión, Jaca, Castellón, Gijón Barbastro, Alicante, Algemesí...», denuncia en la misiva Policarpo Sánchez. Además, recuerda, el ejecutivo catalán se niega también a restituir al Archivo de Salamanca los documentos sin propietario o heredero, «incumpliendo lo establecido» por una sentencia del Tribunal Constitucional.

Sánchez lleva abierta esta batalla desde hace más de una década, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero restituyó a Cataluña los primeros documentos del Archivo de Salamanca. La asociación Salvar al Archivo de Salamanca logró el año pasado que la Generalitat devolviese la documentación a un aragonés, Guillermo Suils, cuya familia descendía del valle de Benasque, que era hijo de un relojero que llegó a trabajar en la Puerta del Sol, cuyo certificado de trabajo de 1937 fue entregado desde el Archivo de Salamanca a la Generalitat. Ni el documento se generó en Cataluña ni era un catalán. El reloj en el que trabajó era obra de un leonés, José Rodríguez Losada.

El presidente de Salvar el Archivo de Salamanca ofreció el pasado día 6 una rueda de prensa para dar cuenta de la iniciativa, para la que el Gobierno tiene sólo 15 días.

Los defensores del Archivo de la Guerra Civil buscan unir su causa al proceso emprendido por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena en la reclamación de los bienes del monasterio. Aunque no citaron expresamente el precedente, otras instituciones similares han tratado de utilizar la vía abierta, como es el caso de la dama de Elche.

Si el retorno no se produce, el presidente de Salvar el Archivo de Salamanca consideró que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cometería «un suicidio político» que convertiría a los dirigentes de las distintas instituciones que gobiernan el país «en cadáveres políticos».

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ya ha dado la orden para que los bienes históricos del monasterio oscense de Sijena guardados en el Museo de Lérida sean devueltos a su lugar de origen. Lo ha hecho como responsable de la Consejería de Cultura de la Generalitat, que es quien tiene esos documentos de dos familias leonesas.