Las reclamaciones ante la Comisión de Transparencia se duplican en un año

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA | LEÓN

El Comisionado de la Transparencia de Castilla y León, institución encomendada al Procurador del Común y de la que también es responsable el leones Javier Amoedo, recibió en el último ejercicio 202 reclamaciones de ciudadanos de la Comunidad Autónoma, el doble que el año anterior cuando se puso en funcionamiento por primera vez, en cumplimiento de sus obligaciones como garante de las obligaciones de publicidad activa y para velar por el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública.

La legislación atribuye a la comisión la función específica de resolver las reclamaciones formuladas por las personas que consideren que sus solicitudes de información dirigidas a las administraciones públicas y a otras entidades no han sido convenientemente atendidas.

«Se trata de garantizar el derecho a la información para el ciudadano», explica Amoedo. «En las demás Comunidades Autónomas participa algún miembro de las defensorías pero aquí es solamente el Procurador del Común». Otra diferencia sustancial atañe a las actuaciones de oficio: «El Comisionado de la Transparencia no puede actuar si no hay una reclamación».

No hay un perfil fijo de administración opaca con el ciudadano. «Nos van conociendo más», destaca Amoedo. En 2017 la Comisión de Transparencia recibió 202 reclamaciones, lo cual supone un incremento del 100% respecto a las presentadas en 2016. De ellas, 96 se refirieron a denegaciones de información pedida a ayuntamientos, 45 se presentaron frente a la Administración Autonómica y 17 en relación con la falta de información por parte de alguna de las cuatro universidades públicas de la Comunidad. En 71 ocasiones los ciudadanos utilizaron medios electrónicos para la presentación de su reclamación.

Continúa siendo reseñable que 164 de las reclamaciones planteadas (el 80 %, aproximadamente, del total) se hayan interpuesto ante la ausencia de respuesta a una solicitud de información.

LOS MÁS FRECUENTES

En aquellos supuestos en los que la reclamación se presentó frente una resolución expresa, los motivos que, con mayor frecuencia, han sido utilizados para denegar la información fueron la protección de datos personales y la necesidad previa de reelaboración de la información solicitada. El tipo de información pedida por los ciudadanos que ha motivado sus reclamaciones es muy diverso; no obstante, las dos grandes materias que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones son las relativas, de un lado, a cuestiones referidas al personal de la Administración. De otro, a la contratación y otorgamiento de licencias urbanísticas y de actividad por los ayuntamientos. El contenido completo de las resoluciones se publica en la web del Comisionado.