Solas ante los depredadores sexuales

Las declaraciones que el anterior secretario provincial del PSOE, Tino Rodríguez, realizó ayer a Diario de León después de modificar el curso marcado por su partido y no votar la PNL del PP sobre la prisión permanente revisable ha azuzado el debate acerca de un cambio en el código penal que divide a los partidos políticos pero que ha logrado unir a la mayoría de la sociedad a favor. Según la mayoría de las encuestas, más del 70% de la población ve con buenos ojos la reforma e incluso los votantes de izquierdas no están en desacuerdo. 

La abogada Herminia Suárez llevó la acusación particular de todas las mujeres que fueron violadas por Andrés Mayo. El caso de Mayo, tristemente conocido como el violador del chándal, es uno de los casos que mejor ejemplifican de qué manera se gestiona en España 'la reeducación y reinserción de los depredadores sexuales. Este criminal fue condenado en 1991 por la Audiencia Provincial de León a 106 años de prisión por cuatro violaciones y siete más en grado de tentativa perpetradas entre 1989 y 1990 en León y Asturias. Cumplió doce por «buena conducta». Dieciocho años después, en 2009, Andrés Mayo volvía a ser condenado, esta vez a 73 años, por cuatro violaciones, dos agresiones sexuales, otras dos más en grado de tentativa, un delito contra la integridad moral y varios robos con violencia cometidos en La Coruña entre el 2006 y el 2007...

La letrada recuerda que una de las condiciones más dramáticas que vivieron durante la época todas las mujeres violadas por Andrés Mayo fue que estaban "completamente desinformadas". "Veíamos que estaban desamparadas. El país no era como el de ahora. No supieron nada hasta que no llegaron a juicio", afirma la abogada, que recuerda que fue precisamente el caso de Andrés Mayo el que dio origen a la creación de la asociación Adavas, que ayuda a las mujeres violadas.

Herminia Suárez subraya que una de las particularidades que ejemplifica de qué manera sufrían las víctimas por entonces radica en el hecho de que tan sólo una se personó con acusación particular. "El resto se acogió a la acusación popular", afirma. En cuanto a la situación que a día de hoy se vive con este tipo de agresores debido a los permisos penitenciarios y a la exención de pena, Hermina Suárez deja claro su postura en contra de la prisión permanente revisable. "Es contraria a la Constitución y al derecho de reinserción", defiende. Sin embargo, considera que el Estado debe arbitrar medidas para evitar que una persona condenada a más de cien años esté en la calle tras menos de diez. "Son descompensaciones que no se entienden por parte de la ciudadanía", resalta al tiempo que abunda en el hecho de que, a su juicio, hay que aplicar las sentencias y lo que la ley establece en relación a la reinserción.

La abogada sostiene que este tipo de delincuentes "no se rehabilitan" y llama la atención sobre una realidad que para ella resulta fundamental: "No se gestiona bien. No hay medios". Al tiempo, denuncia que haya "intereses electoralistas que utilicen las emociones de la sociedad en lugar de poner medios". 

La lista de depredadores sexuales que reinciden es larga. Manuel González, por ejemplo, fue diagnosticado de parafilia sádica. Condenado a 169 años de prisión por atacar con cuchillos en la vagina a 16 mujeres, una de las cuales murió desangrada, salió en 2013 gracias a la abolición de la doctrina Parot. En julio del año pasado fue detenido por intento de asesinato. De los 14 violadores que quedaron en libertad tras la derogación de la doctrina Parot, cinco han sido ya detenidos. Al conocido como ‘el loco del chándal’ hay que sumar los casos de Pedro Luis Gallego, Félix Vidal Anido, ‘el violador del estilete’; Pablo García Ribado, ‘el violador del portal’ y Antonio García Carbonell. 

Las víctimas no sólo están indefensas desde el punto de vista de su integridad física. Los abogados Jaime de la Hera Cañibano y Gema Pérez Rabadán llevan años defendiendo a víctimas de violadores. Aseguran

que el sistema deja sin recursos a estas mujeres, en muchas ocasiones niñas y ancianas, así como a sus familias.

«La Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el salario mínimo es inembargable, salvo que el agresor, de manera voluntaria, quiera resarcir a las víctimas», destacan. Jaime de la Hera añade que, a lo largo de su carrera profesional, este extremo sólo se ha producido en los casos en los que el condenado quería conseguir algún tipo de beneficio penitenciario Sin embargo, en la mayoría de los casos, el condenado no repara a sus víctimas. Uno de los casos más recientes es el del violador de una menor con discapacidad que fue condenado a siete años y un día de cárcel. Este violador tiene que pagar a la víctima 6.000 euros pero de momento ésta no ha cobrado nada, y eso que él recibe una pensión de 800 euros al mes. «Se pidió a la Audiencia de León que se le embargara una parte para pagar a la víctima, pero nos lo denegaron porque ya tenía una retención de 50 euros», destaca Gema Pérez Rabadán. 

Otra de las quejas de estos profesionales se refiere al hecho de que una vez que no hay manera de saber el momento en que estos agresores salen de prisión. «La ley no prevé que se comunique a la víctima ni que ya está en libertad ni si tiene nómina, con lo que éstas no pueden siquiera tomar medidas para

protegerse y, mucho menos, pedir a su abogado que reclame la indemnización», denuncian. Además, evidencian su malestar ante el hecho de que la deuda prescriba a los quince años.

«Tenemos a una niña discapacitada de una familia monoparental que fue violada en su camino hacia el colegio. La madre, que además es una mujer inmigrante, tuvo que abandonar el trabajo por el miedo cerval de esta niña a estar sola. Pues bien, no reciben nada del agresor».