Un largo proceso

2011.

La investigación. IU y Ecologistas en Acción de Castilla y León presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Castilla y León contra todas las entidades financieras para que se investigaran sus operaciones financieras. Un año después se trasladó a las fiscalías provinciales la investigación sobre cada entidad territorial.

2013.

Comienza la instrucción. En mayo la Fiscalía de León promueve la instrucción del proceso, que lleva el Juzgado de Instrucción Número 5, por presunta administración desleal contra los miembros del consejo de administración. Entre todas las operaciones que habían sido investigadas la instrucción se ciñó a la operación de refinanciación de la deuda de las empresas de Santos Llamas, que aprobó el Consejo de Administración por unanimidad el 8 de enero de 2009. Entonces Llamas era presidente de la entidad, y se ausentó del consejo durante el debate y aprobación de la operación. Una refinanciación sobre la que habían informado los técnicos de la caja, el Comité de Riesgos y el Comité de Dirección. Posteriormente a la aprobación por el consejo (formado por representantes del PP, PSOE, UGT, CC OO, Asaja y UPL) la operación fue supervisada por la Comisión de Control, la Consejería de Economía y las auditorías. A pesar de todo esto, en el proceso no figuran como investigado ni Santos Llamas ni quienes ostentaban la dirección general, la dirección general adjunta, los miembros de las distintas comisiones y comités que aprobaron la operación ni los responsables de la Junta.

2015.

Declaran los peritos del Banco de España. La titular del Juzgado de Instrucción Número 5, Rocío González Boñar, llama a declarar a los peritos para que expliquen si se abrió expediente sancionador a las entidades y por qué se permitió que Llamas siguiera en la presidencia. El constructor fue presidente desde julio de 2006 hasta octubre de 2010. Se mantuvo como consejero de España Duero hasta octubre de 2012; después de que en septiembre de ese año el Banco de España comunicara las irregularidades detectadas e instara a la dirección a tomar medidas. Los peritos consideraron que había habido trato de favor hacia Llamas.

En un segundo informe, presentado en el juzgado y solicitado por el fiscal de León, se denunciaron deficiencias generales en la concesión de créditos por parte de la entidad financiera; e irregularidades que obligaron a la caja a recalificar parte de sus créditos. También señalaban que en dos informes emitidos en 2006 y 2008 se advirtió sobre el riesgo de concentración de los créditos de Llamas en la entidad, aunque se siguieron aprobando nuevos préstamos y la refinanciación del conjunto de la deuda.

La juez cita a declarar entonces como investigados a los miembros que formaban el Consejo de Administración en 2009, las defensas recurrieron la decisión ante la Audiencia Provincial y han solicitado el archivo de la causa. Se trata de determinar si efectivamente se produjo una administración desleal que causó un perjuicio millonario a la entidad financiera.

2017.

Nueva investigación. El FROB y el Ministerio de Economía envían a la Fiscalía nueve operaciones realizadas por Caja España y Caja Duero que implicaron un perjuicio económico para las dos grandes cajas de Castilla y León calculado en 120 millones de euros. Decisiones tomadas por las dos entidades antes de fusionarse a finales de 2010. Entre ellas (sin especificar cuáles), renegociaciones de préstamos con reducción de garantías.

Los peritos del Banco de España volvieron a declarar ante el Juzgado de León por los mismos informes y respondieron también a las preguntas de las defensas, que han lamentado que hasta dos años después de iniciarse el procedimiento no se hayan puesto en su conocimiento los hechos, lo que ha dilatado aún más la instrucción. El caso volvía a ponerse en marcha después de que la Audiencia Provincial rechazara los recursos presentados por los 14 consejeros para evitar declarar como investigados, que retrasó el proceso alrededor de un año.

2018.

Las declaraciones. La magistrada cita de nuevo a declarar a los miembros del Consejo de Administración los días 19 (Miguel Ángel Álvarez, Bernardo Fernández, Francisco Fernández, Artemio Domínguez, Alfredo Fernández Salvadores, Juan Elicio Fierro, Alejandro Menéndez y Javier García Prieto) y 20 (Marcos García, Zenón JiménezRidruejo,

Begoña Núñez, Olga Palacio y José Antonio Turrado). No cita a declarar al dirigente popular Fernando Martínez Maíllo, por su condición de aforado.